Procuraduría detectó irregularidades en programa de IA del Ministerio de Ciencias: pretendían adjudicar más de $600.000 millones a un único proyecto

Un proceso de acreditación exprés y el riesgo de una asignación millonaria a un solo proyecto han encendido las alarmas de la Procuraduría General de la Nación sobre la gestión de recursos en el sector tecnológico colombiano.

El organismo de control ha advertido sobre posibles irregularidades en la convocatoria ‘Colombia Inteligente: infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial’, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y respaldada por regalías que suman 630.000 millones de pesos.

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Durante una inspección sorpresa, la Procuraduría detectó que el proceso de acreditación de un centro de innovación, indispensable para participar en la convocatoria, se resolvió en solo 14 días. El ente calificó este hecho como “insólito” por la complejidad de los requisitos técnicos exigidos.

“Luego de una serie de requerimientos y exhortos hechos por la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre posibles irregularidades en el proceso de convocatoria para impulsar proyectos científicos y de Inteligencia Artificial y sin recibir respuestas convincentes al respecto, el ente de control realizó una visita sorpresa a la entidad para constatar información sobre el tema”, indicó el Ministerio público en un comunicado oficial.

El modelo de la convocatoria ha provocado inquietud en el sector: se planteó otorgar la totalidad de los recursos a un único proyecto, lo que se traduce en una concentración de fondos poco habitual en este tipo de iniciativas. Además, el plazo otorgado a los interesados para entregar la documentación fue de apenas un mes, considerado insuficiente ante la sofisticación técnica del proyecto.

“Durante la diligencia llevada a cabo por funcionarios de las delegadas para la Vigilancia de la Función Pública y de Regalias se pudo evidenciar riesgos en la estructuración de la convocatoria y la evaluación de las propuestas que podrían comprometer la legalidad del trámite administrativo“, informó la Procuraduría.

Para la Procuraduría, estos hechos representan riesgos en la estructuración y evaluación de las propuestas. El organismo sostiene que la falta de claridad en los criterios de calificación podría poner en entredicho la transparencia y la legalidad del proceso, además de comprometer el patrimonio público.

“Para el equipo del ente de control resulta insólito que en un tiempo récord de 14 días se reconociera una compañía como centro de innovación,requisito para hacer parte del proyecto“, indicó el Ministerio Público.

En medio de los cuestionamientos, el Ministerio de Ciencia, encabezado por Yesenia Olaya, defendió su actuación y afirmó en un comunicado que ha respondido a todos los requerimientos del organismo de control.

“Durante la jornada, adelantada en las instalaciones del Ministerio, la Procuraduría realizó seguimiento al desarrollo de la convocatoria, a los procedimientos administrativos y al cumplimiento de los términos de referencia. Frente a ello, MINCIENCIAS dio respuesta a cada uno de los requerimientos formulados, entregando la información solicitada y aclarando los aspectos planteados por la Procuraduría General de la Nación, con fundamento en lo previsto en los términos de referencia y en el marco de las disposiciones que regulan el Sistema General de Regalías”, indicó la entidad.

La cartera añadió que el proyecto aún no ha recibido aprobación ni asignación de recursos por parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), y que sigue en etapa de revisión.

“El Ministerio precisó que, en la actualidad, el proyecto no ha surtido aprobación ni ha sido objeto de asignación de recursos por parte del OCAD. Así mismo, el estado actual de la convocatoria se encuentra en etapa de revisión y análisis por parte de los miembros del OCAD, con el fin de que estos adopten la decisión correspondiente conforme a los procedimientos de viabilización, aprobación y priorización”, señaló la cartera.

Pese a estas explicaciones, la Procuraduría no descarta la apertura de un juicio disciplinario, al considerar que el proceso no se ha desarrollado bajo las mejores prácticas administrativas.

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