El reciente caso que involucra a Andrés Felipe Restrepo Coronado, quien pasó a llamarse Felipe Gilinski Coronado tras un estratégico cambio de identidad, revela un sofisticado modus operandi de estafa que logró engañar a empresarios en Medellín y Barranquilla.
La maniobra central de este esquema consistió en la apropiación de un apellido con peso propio en el sector empresarial colombiano: Gilinski, ligado a uno de los conglomerados más poderosos del país.
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La suplantación de identidad fue el primer paso fundamental. Restrepo Coronado, nacido en 1998, gestionó ante una notaría la modificación de su nombre y apellido, argumentando ante el Estado que deseaba eliminar su primer nombre y adoptar el apellido Gilinski.
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Según consta en documentos oficiales, su intención era “seguir figurando en su registro civil y todos sus documentos como Felipe Gilinski Coronado”. Esta decisión coincidió con la explosiva notoriedad del grupo Gilinski, entonces protagonista de adquisiciones millonarias en el sector alimentario nacional.
El estafador utilizó esta nueva identidad para presentarse como heredero del grupo y asegurar acceso a relaciones de alto nivel.
Su narrativa era cuidadosa y minuciosamente diseñada: a los potenciales socios les relataba que su padre, supuestamente Jaime Gilinski, lo había obligado a cambiarse el apellido para acceder a una herencia familiar.
“Él empezó a contarme que le tocó cambiarse de nombre porque su papá le quería dar una herencia y que él era de los Gilinski”, declaró Vanessa Giraldo, prima de Karol G, al medio El Colombiano.
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Con esta historia, Restrepo Coronado despertaba confianza y generaba la expectativa de que los negocios propuestos estarían respaldados por uno de los mayores patrimonios del país.
El segundo componente del modus operandi era la diversificación de oportunidades ficticias. El capturado ofrecía inversiones en sectores como la compraventa de oro, alquiler de camionetas blindadas y empresas de repuestos para vehículos.
A cada víctima le presentaba proyectos distintos, todos supuestamente ligados a los intereses y capitales del grupo Gilinski. “Como el negocio me parece interesante, decido sentarme con este tipo, el cual se me presenta como Felipe Gilinski, hijo del empresario Jaime Gilinski, los dueños del grupo Nutresa y más negocios”, relató Andrés Felipe Giraldo, otro de los denunciantes.
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Para dar credibilidad a la estafa, Restrepo Coronado desplegaba evidencia material y relatos coordinados. Mostraba vehículos blindados en estacionamientos, afirmando: “Estas, estas son las camionetas de mi empresa y con esto es que vamos a trabajar en team blindados”, según declaró Juan Manuel Gómez a 6Am W.
Y agregó: “El primer negocio que hicimos fue la sociedad en la rentadora de vehículos y ahí empiezan a salir negocios aparte que supuestamente se los daba el papá Jaime Gilinski, en el que era la importación de contenedores de la SAE“.
Su esposa, Manuela Jiménez Gutiérrez, complementaba el relato y afirmaba ante los inversionistas que Felipe había sido reconocido como hijo legítimo de Jaime Gilinski, reforzando la ficción con documentos de identidad que exhibían el nuevo apellido.
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La dinámica financiera del engaño se sostenía sobre el esquema de captar fondos de nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los primeros.
Este método, similar al sistema piramidal, permitió al estafador mantener la operación durante meses. Cuando la cadena se rompió y el flujo de dinero nuevo se agotó en 2023, el esquema colapsó, dejando a por lo menos cinco víctimas principales con pérdidas superiores a 2.500 millones de pesos.
En paralelo a las propuestas de inversión, Restrepo Coronado mantenía una comunicación constante con las víctimas para evitar sospechas, prometiendo en cada reunión nuevas oportunidades y la inminente llegada de beneficios, siempre vinculados a supuestos movimientos empresariales del grupo Gilinski. En palabras de Gómez, “fue un proceso en el que nos fue enredando y fue sacando plata de a pocos”.
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Finalmente, tanto Restrepo Coronado como su esposa fueron capturados tras una investigación en la que las denuncias de las víctimas y la documentación falsa presentada fueron piezas clave.
Ambos enfrentan cargos por estafa agravada, mientras empresarios esperan recuperar parte de sus inversiones y que la justicia sancione uno de los esquemas de suplantación y engaño más audaces de los últimos años en Colombia.
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