La JEP negó el sometimiento de los acusados por el atentado en la Universidad Nacional, el caso lleva dos años sin avanzar en la justicia ordinaria

Un atentado en la Universidad Nacional ocurrido en 2014 sigue impactando la agenda judicial y política de Colombia luego de que 9 integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hoy conocido como Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), sufrieron graves heridas debido a artefactos explosivos caseros durante protestas en Bogotá.

Entre los señalados por la Fiscalía figura la abogada Paola Andrea Salgado Piedrahita, que actualmente trabaja en el Ministerio de Igualdad y Equidad, mientras el proceso judicial permanece sin avances tras la decisión negativa de la JEP.

Otras 13 personas, incluidos funcionarios y contratistas públicos, fueron capturadas por el atentado con explosivos caseros en la Universidad Nacional de Bogotá en mayo de 2014.

Los investigadores atribuyeron su organización a supuestos nexos con milicias urbanas del ELN.

Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó su sometimiento en 2023, el proceso judicial aún no ha continuado en la justicia ordinaria y permanece estancado, según informó Semana.

Entre tanto, Salgado Piedrahita sigue vinculada al sector público y mantiene la presunción de inocencia. La Universidad Nacional, ubicada en Bogotá, fue el escenario de los hechos el 20 de mayo de 2014.

Los responsables emplearon cerca de 810 artefactos explosivos caseros —incluidas papas bomba y bombas panfletarias con mensajes alusivos al ELN—, resultando heridos nueve agentes del Esmad.

Investigaciones citadas por el medio revelan que un vigilante universitario fue clave para la identificación de los implicados, ya que fue amarrado y amenazado durante el enfrentamiento.

Las primeras indagaciones señalaron la existencia de coordinación entre varios individuos y destacaron la participación de tres contratistas de la Alcaldía de Gustavo Petro y de la abogada ibaguereña Paola Andrea Salgado Piedrahita, que por entonces era coordinadora de un programa en el Hospital de Suba. El testimonio y registro fotográfico aportados por el vigilante vincularon a Salgado con el transporte de cajas de artefactos explosivos hacia el sector del Conservatorio Universitario.

Acusaciones, capturas y pruebas del atentado en la Universidad Nacional

En 2015, las autoridades realizaron un operativo para capturar a los trece implicados, incluida Salgado Piedrahita.

La Fiscalía, citada por Semana, la señaló de transportar en un vehículo particular alrededor de 800 papas bomba y de mantener comunicaciones con los también procesados David Camilo Rodríguez Hernández (’el Profe’), Herley Alexánder Lamprea Flórez y Gerson Alexánder Yacumal.

El expediente judicial reúne pruebas fotográficas, grabaciones, testimonios y peritajes científicos. El análisis determinó que los explosivos caseros, de ocho gramos cada uno, contenían cloruro de potasio, aluminio y azufre.

Además, en la residencia de Salgado Piedrahita, la Fiscalía encontró panfletos alusivos al 50 aniversario del ELN y una bandera de dicho grupo armado. Las pesquisas también documentaron reuniones para el traslado de explosivos desde el domicilio de otro colaborador hasta la universidad.

Tras los hechos, Salgado habría compartido el saldo de la jornada con otros acusados y hecho referencia a personas lesionadas. La investigación determinó vínculos sostenidos entre los implicados y células urbanas atribuidas al ELN, lo que reforzó los cargos judiciales.

El limbo judicial tras la negativa de la JEP

El 24 de mayo de 2023, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó el sometimiento de varios acusados, incluidos los señalados por la Fiscalía de mantener nexos con el ELN.

Según Semana, desde entonces, el proceso se mantiene paralizado y no ha regresado a la justicia ordinaria.

El Juzgado Primero Especializado de Bogotá, de acuerdo con la información citada, ha enviado múltiples requerimientos formales a la JEP pidiendo claridad sobre la situación jurídica de los procesados.

Entre el 14 de febrero y el 20 de abril de 2024, se remitieron al menos cinco comunicaciones solicitando confirmación de la resolución número 1591, que niega el sometimiento.

La Secretaría Judicial de la JEP indicó a Semana que el expediente se encuentra en revisión en la Sección de Apelación y que no se ha actualizado desde el 28 de enero de 2024. Ante la falta de respuesta, el juzgado ha fijado la continuación de audiencias preparatorias para el 6 de julio de 2024. En tanto, Paola Andrea Salgado y los demás implicados permanecen activos laboralmente y resguardan la presunción de inocencia, en medio de un proceso judicial que sigue sin resolución definitiva.

Perfil profesional de Paola Andrea Salgado Piedrahita

Con base en su perfil oficial publicado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, Paola Andrea Salgado Piedrahita nació en Ibagué. Es abogada graduada y cuenta con estudios de maestría en derechos humanos aún no concluidos.

Desde el 1 de agosto de 2025, se desempeña como profesional universitario y, desde el 1 de enero de 2026, como profesional especializado en la Dirección para la Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Antes de su ingreso al Ministerio, trabajó en el Hospital de Suba como coordinadora de programas y colaboró con entidades dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres y proyectos sociales.

Entre 2021 y 2024, ocupó diversos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como analista, coordinadora y asesora.

La experiencia de Salgado Piedrahita incluye también funciones como abogada asesora del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, así como participación en organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y la Corporación Sisma Mujer.

Actualmente, la funcionaria continúa vinculada al sector público mientras la causa judicial relacionada con el atentado en la Universidad Nacional permanece sin avances ni pronunciamientos de fondo.