La judicialización de funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano por la supuesta apropiación ilícita de fondos públicos impacta de lleno a la administración de este municipio chocoano.
El caso involucra a Bernardo Alfonso Asprilla Abadía, jefe de Presupuesto, y Rodrigo Viñuela Jaramillo, secretario de Hacienda, junto a la particular Sonia Rodríguez Palacios, que habrían desviado más de $370 millones del erario local.
La trama quedó al descubierto tras detectar transferencias irregulares desde las cuentas oficiales de la Alcaldía del municipio entre 2024 y 2025. Según la investigación adelantada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó, los funcionarios, presuntamente, convinieron con un empleado de la empresa de aguas local para que facilitara el uso de una de sus cuentas sin el visto bueno de la gerencia.
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El mecanismo implicó que $119.800.000 salieran de las arcas municipales y fueran girados por cheque a Sonia Rodríguez Palacios. El documento señala que la beneficiaria cobró ese cheque el 18 de julio de 2025, y, a continuación, transfirió el dinero a diversas personas del círculo cercano de los funcionarios implicados. Los investigadores aclaran que la mujer en ningún momento figuró como contratista ni proveedora de la compañía, es decir, carecía de cualquier vínculo contractual que justificara el pago.
Las pesquisas permitieron identificar otro ciclo de transferencias: $132.966.998 y $121.799.136 transferidos, entre enero de 2024 y diciembre de 2025, a particulares relacionados con los funcionarios de la gestión municipal, todos ausentes de documentación laboral con la administración.
El expediente fiscaliza la presunta coordinación de las transferencias y concluye: “Esta mujer no contaba con ningún vínculo contractual, como contratista o proveedora de la empresa que sustentara el giro del cheque”. Esta ausencia de relación contractual se repite en la justificación de los otros beneficiarios, lo que refuerza la hipótesis del desvío malicioso de fondos públicos.
Por estos hechos, el Ministerio Público formuló cargos individualizados por peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Los tres procesados rechazaron cualquier responsabilidad en la audiencia de imputación. No obstante, una disposición judicial les impuso medida de aseguramiento en lugar de domicilio mientras avanza el proceso penal.
Fiscalía detuvo a funcionarios de la Dijín y del CTI por desfalco
Nueve personas, entre funcionarios activos y exagentes de la Dijín y el CTI, fueron capturadas en un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación tras detectarse su participación en una red dedicada a manipular procesos judiciales y comercializar información confidencial, con cobros que llegaban hasta $1.000 millones.
La investigación permitió documentar hechos similares ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025, y reveló que los afectados de esta red eran, en su mayoría, personas con antecedentes penales internacionales o presuntos vínculos con el narcotráfico. En ocasiones, los implicados habrían entregado memorias USB con documentos reservados para presionar el pago de las sumas exigidas.
Las operaciones de captura se realizaron en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta).
Entre los aprehendidos figuran cuatro miembros activos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín): el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y tres particulares, exfuncionarios de la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.
Según la Fiscalía, los miembros de la organización exigieron hasta $400 y $1.000 millones para evitar la imposición de medidas como la extinción de dominio sobre bienes o la emisión de órdenes de captura, además de filtrar informes, entregar expedientes completos y manipular declaraciones en procedimientos judiciales referidos principalmente a delitos de lavado de activos.
Como parte de su estrategia de intimidación, estos individuos también mostraron material confidencial en reuniones realizadas en Bogotá y Villavicencio (Meta).
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