Experto advierte que el peso de la deuda pública recae sobre los ciudadanos: “Colombia está mal”

Más de $1.192 billones conforman la deuda pública que la ciudadanía en Colombia enfrenta al cierre de 2025. Esta cifra, equivalente a cerca de 322.500 millones de dólares, representa aproximadamente el 65% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

La magnitud del compromiso significa que cada habitante asume una porción: $22,3 millones por persona, sin mediar contrato directo, herencia que atraviesa generaciones y que continuarán amortizando ciudadanos que todavía no han nacido.

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“Usted debe 22,3 millones de pesos, no firmó nada y no se comió un pandebono con esa plata, pero la debe. Esto no incluye los intereses que tendremos que pagar que suman unos 318 billones de pesos más en los próximos 38 años”, dijo el consultor económico Isaac Niño a El País.

La carga se acentúa cuando se consideran los intereses proyectados, que sumarán $318 billones adicionales en los próximos 38 años.

La estructura de esta deuda pública es contundente: el 68,7% corresponde a deuda interna, proveniente de bancos y fondos locales, mientras que el 31,3% es deuda externa, adquirida de organismos multilaterales y entidades financieras internacionales.

Bajo esta perspectiva, Colombia supera ampliamente el umbral de sostenibilidad: el experto advirtió que ningún banco prestaría a una persona cuyo nivel de deuda supera el 25% de sus ingresos anuales, y el país enfrenta un nivel del 65% en ese indicador.

“Colombia está mal. No medio mal ni «un poquito muy mal»”, como diría mi hijo. Está mal. Si Colombia fuera una persona, ningún banco le prestaría. Deber más del 25% de lo que se gana en un año ya es insostenible; deber el 65% es una bomba de tiempo", indicó Niño.

El origen de la deuda pública colombiana se remonta a 1822, cuando la naciente Gran Colombia contrajo su primer préstamo internacional por dos millones de libras esterlinas con bancos británicos.

Aquellos fondos, dirigidos a obligaciones de la independencia y la administración estatal, sufrieron pérdidas significativas por las intermediaciones y comisiones de la época.

Cuatro años más tarde, en 1826, Colombia incurrió en impago por incapacidad de pago, y solo renegoció sus compromisos durante la segunda mitad del siglo XIX, lo que implicó a al menos tres generaciones que soportaron el peso de esa deuda.

La historia económica del país revela episodios frecuentes de renegociación y suspensión de pagos. Entre 1840 y 1860, la separación de Venezuela y Ecuador redujo la capacidad de pago del país, mientras la deuda pervivía.

Posteriormente, durante la Gran Depresión, Colombia suspendió parcialmente el servicio de la deuda externa de 1930 a 1935, aunque su manejo macroeconómico evitó un daño mayor respecto a otras economías de la región. Ya en las décadas de 1980 y 1990, la nación estuvo cerca de la cesación de pagos en dos ocasiones, situación que se revirtió gracias a la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), duros ajustes fiscales y aumentos de impuestos.

El concepto de deuda pública abarca todo el dinero que ha solicitado el Estado, tanto en recursos internos como externos, y se diferencia de la deuda privada, que recae únicamente en quienes la contraen.

La deuda pública, en cambio, la solventa toda la población a través de los impuestos. Medir el tamaño de esta obligación en proporción al PIB resulta fundamental: los acreedores no solo valoran el monto absoluto, sino la capacidad real del Estado para recaudar tributos que permitan cumplir con las obligaciones. Las economías grandes o dinámicas pueden sostener mayores niveles de endeudamiento que aquellas pequeñas o estancadas.

Las consecuencias prácticas de este endeudamiento son directas para la población: la aprobación de nuevas reformas tributarias pretende asegurar el pago a inversionistas y calificar favorablemente ante entidades internacionales, incluso si esto implica mayores cargas fiscales para todos.

En palabras del análisis, los préstamos recientes —por ejemplo, al 13% de interés a 14 años contratados hacia finales de 2025— presentan condiciones menos favorables que las de países vecinos, que logran endeudarse al 8,3%.

La tendencia histórica muestra que la deuda pública suele justificarse como una urgencia inaplazable, pero termina consolidándose como un lastre heredado por generaciones. Cada peso solicitado hoy representa un impuesto pendiente de quienes tributarán en el futuro.

En la práctica, los anuncios de endeudamiento del Gobierno encubren decisiones que recaen, indefectiblemente, sobre los hombros de los ciudadanos actuales y sus descendientes.