Las autoridades intensificaron las acciones para fortalecer la seguridad en Nariño tras realizar un operativo que permitió la captura de un presunto cabecilla criminal y el decomiso de un arsenal de alto poder.
Se trata de la captura de alias Motor, presunto cabecilla de una comisión armada del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, que marcó un golpe estratégico contra la estructura criminal que operaba en el norte del departamento.
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La acción conjunta de la Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación logró frenar la expansión de este grupo y desmantelar un arsenal de alto poder destructivo.
Detalles del operativo
El operativo se llevó a cabo durante una diligencia de registro y allanamiento en Buesaco (Nariño), donde las autoridades capturaron en flagrancia a “Motor” por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
En el lugar, los agentes incautaron cuatro fusiles, uno de ellos modificado como ametralladora, 1.423 cartuchos de diferentes calibres, 60 metros de cordón detonante, 33 granadas adaptadas para dron, un pendón y 46 elementos de intendencia.
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Las investigaciones indican que el material bélico incautado tenía como propósito sostener y expandir el control territorial de la estructura en los municipios de Buesaco, Albán, La Unión, Cartago y El Tablón de Gómez.
“Esta operación se desarrolló mediante orden judicial de allanamiento como resultado del trabajo investigativo y operativo coordinado entre las autoridades, logrando frustrar la conformación de una nueva estructura criminal que pretendía expandir su accionar terrorista en más de 13 municipios del norte del departamento (...) Es importante precisar que alias Motor, después de ser presentado ante un juez de control de garantías, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario”, detallaron las autoridades.
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La operación criminal de alias Motor formaba parte de la proyección de un grupo autodenominado Frente 21 Urías Rondón. Según la información recopilada por las autoridades, la organización pretendía iniciar confrontaciones armadas con el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN para disputar corredores estratégicos de movilidad y economías ilícitas en el norte del departamento.
De acuerdo con las autoridades, el presunto delincuente sería el responsable de cobros extorsivos, reclutamiento forzado de menores, instalación de retenes ilegales, coordinación de acciones terroristas en la zona de cordillera.
Asimismo, estaría implicado en el combate registrado del corregimiento de Damasco, donde fue asesinado un soldado y seis más resultaron heridos, además de participar en confrontaciones armadas contra el grupo ilegal autodenominado Autodefensas Unidas de Nariño, en hechos donde una institución educativa fue utilizada como trinchera, constituyendo una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
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La articulación de la fuerza pública permitió afectar de manera estructural la capacidad armada de la organización. “El Ejército Nacional y nuestra Policía Nacional continuará fortaleciendo las operaciones conjuntas para garantizar la seguridad y la convivencia y tranquilidad de los nariñenses”, finalizaron las autoridades.
Y es que la inseguridad en las carreteras de Nariño ha aumentado debido al accionar criminar de las disidencias de las Farc en el territorio.
Esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han recibido amenazas de disidentes del Estado Mayor Central, liderados por “Iván Mordisco”, que exigen que los escoltas acaten sus reglas en municipios como Ricaurte, Altaquer y Junín.
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Los escoltas, encargados de proteger a líderes sociales, han ignorado estas exigencias, lo que llevó a la difusión de panfletos con amenazas y la publicación de placas de los vehículos de la UNP. El comunicado, conocido por Infobae Colombia, advierte que quienes no cumplan las órdenes o colaboren con la Segunda Marquetalia serán declarados objetivo militar, ofreciendo recompensas de entre cinco y ocho millones de pesos por escoltas o líderes sociales.
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