Baja de $500 en la gasolina ya es oficial: Gobierno firmó la resolución que respalda la reducción desde febrero

El Gobierno nacional dio el paso formal que faltaba para respaldar la reducción en el precio de la gasolina corriente. A través de la Resolución 40095 del 29 de enero de 2026, los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía oficializaron la estructura de ingresos al productor que sustenta la baja de $500 por galón, un ajuste que ya se venía aplicando desde el 1 de febrero en las estaciones de servicio del país.

La medida, que había sido anunciada previamente por el Ejecutivo, queda ahora plenamente respaldada en el marco normativo, despejando dudas sobre su alcance y vigencia. Según el Ministerio de Minas y Energía, la reducción se aplicó de manera homogénea en las principales ciudades, manteniendo sin cambios el precio del diésel, una de las principales preocupaciones del sector transporte.

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Las gráficas oficiales muestran que, por ejemplo, en Bogotá el precio de la gasolina pasó de $16.491 en enero a $15.991 en febrero; en Medellín bajó de $16.412 a $15.912, y en Cali de $16.502 a $16.002. En promedio, la reducción fue exactamente de $500 por galón en las 13 principales ciudades del país.

Una baja anunciada que ahora queda en firme

La resolución también deroga una norma anterior, la 40165 del 26 de diciembre de 2025, y establece de manera explícita los valores del ingreso al productor, un componente clave dentro del precio final de los combustibles, pero que suele generar confusión entre los usuarios.

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que este ajuste responde a una revisión de los costos de producción y a las modificaciones normativas recientes, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal ni el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

¿Qué es el ingreso al productor y por qué no es el precio que paga el consumidor?

Uno de los puntos centrales de la Resolución 40095 es la fijación del llamado “ingreso al productor” para la gasolina corriente y el ACPM (diésel), un concepto técnico que no equivale al precio final que pagan los ciudadanos en las estaciones de servicio.

En el caso de la gasolina motor corriente, el ingreso al productor quedó fijado en $10.348,60 por galón. Este valor corresponde al monto que recibe el productor del combustible dentro de la estructura de precios regulada por el Estado y aplica de manera uniforme en todas las zonas del país, independientemente del porcentaje de mezcla con alcohol carburante.

Para el ACPM, el ingreso al productor se estableció en $5.974,76 por galón, también aplicable de forma homogénea en todo el territorio nacional.

Es importante aclarar que el precio final al consumidor incluye otros componentes adicionales, como impuestos nacionales y locales, costos de transporte, márgenes de distribución y comercialización, y en algunos casos ajustes asociados al Fepc. Por eso, una variación en el ingreso al productor no siempre se traduce de manera inmediata o proporcional en el precio que ve el ciudadano en la estación de servicio.

En este caso específico, la reducción de $500 en la gasolina sí se reflejó en el precio final, pero el Gobierno subraya que la resolución no fija directamente el valor al público, sino uno de los elementos que componen ese precio.

Diésel sin cambios y seguimiento a la implementación

A diferencia de la gasolina, el precio del diésel se mantuvo estable. Las tablas oficiales muestran que en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá no hubo variaciones entre enero y febrero, lo que responde a la decisión del Gobierno de no afectar los costos del transporte de carga y de pasajeros.

El Ministerio de Minas y Energía aseguró que continuará haciendo seguimiento a la correcta implementación de la resolución y a la evolución de los precios en las distintas regiones del país, con el objetivo de garantizar una aplicación efectiva de la medida y evitar distorsiones en el mercado.

Con la firma de la Resolución 40095, el Gobierno cierra el ciclo administrativo de una decisión que ya estaba en marcha, pero que ahora cuenta con respaldo jurídico pleno, en un contexto marcado por la sensibilidad social frente a los precios de los combustibles y su impacto en el costo de vida.