
El exregistrador delegado Alfonso Portela Herrán se refirió a un complejo panorama electoral que enfrenta Colombia de cara a las elecciones al Congreso de la República, que se realizarán en marzo de 2026, y a las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en mayo. La problemática está lejos de ser nueva, pero se mantiene en el territorio. Aseguró que, cuando se acercan los comicios, la mayoría de la ciudadanía que es apta para ejercer su voto no tiene plena claridad sobre las personas a las que desea apoyar.
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“Mantengo la idea o la certeza que a estas alturas creería que por lo menos el 75% u 80% de los colombianos aún no han decidido por quién van a votar. Una cosa es que vayan a votar, que hayan decidido que sí van a votar, pero otra cosa muy distinta es por quién lo van a hacer”, explicó el exfuncionario a la revista Semana.

Según explicó, las encuestas y mediciones que ha realizado a lo largo de su carrera profesional le han permitido identificar esa tendencia. Los resultados han mostrado que, faltando tres meses para las elecciones, el 85% de los colombianos tienen claro que sí votarán, pero no saben por quién.
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La decisión se posterga tanto, que incluso buena parte de los votantes define su voto el día de los comicios. “Un porcentaje altísimo de electores deciden el mismo día de las votaciones”, aclaró el exregistrador en la entrevista con el medio de comunicación citado.
Esto quiere decir que es complejo determinar con antelación, a través de encuestas, qué aspirante podría ganar la contienda electoral, teniendo en cuenta que apenas un 20% del censo electoral tendría claro su voto.
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La violencia interna y los riesgos electorales
Ahora bien, el panorama electoral se torna todavía más complejo debido a la persistencia de la violencia armada en amplias regiones rurales de Colombia. Así lo demuestra el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en el que se alerta sobre los riesgos que generan la presencia de grupos armados ilegales en varias zonas del país.
De acuerdo con el reporte, entre los efectos que se han documentado, y que ponen en riesgo el derecho al voto de los electores, están los desplazamientos forzados, confinamientos prolongados y ataques a líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz.
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Uno de los focos críticos identificados es el Catatumbo, donde comunidades como las del municipio de Tibú sufren de manera constante las consecuencias de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf). La Defensoría del Pueblo informó que, como resultado de esta disputa, unas 105.000 personas se vieron afectadas, incluyendo 101.000 desplazadas.
Por otro lado, en su momento, el ministro de Defensa, mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, informó que más de 100 municipios de Colombia presentan riesgo electoral. “Las conclusiones que tenemos es que en el 9% de los municipios, es decir, en 104 municipios, necesitamos priorizar la atención. Y en esas zonas la estamos priorizando”, dijo.
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