La captura de alias el Mocho, señalado como cabecilla de una subestructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco y presunto responsable del asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, tuvo lugar en Jamundí, departamento del Valle del Cauca.
El operativo, confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se desarrolló tras una investigación que lo vinculaba directamente con el homicidio ocurrido el 25 de enero de 2026 en el corregimiento de Robles, una zona rural de ese municipio.
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La detención de Andrés Felipe Lucumí, conocido como “el Mocho”, constituye un avance en el desmantelamiento de estructuras armadas ilegales que operan en la región. El funcionario destacó que “quien ataca a un integrante de la Fuerza Pública se enfrenta a una persecución sin descanso”, en referencia al mensaje institucional de cero tolerancia frente a agresiones contra uniformados.
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El asesinato del patrullero y la herida a su hijo
El patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, de 35 años y miembro de la Policía Metropolitana de Cali, murió cuando se encontraba fuera de servicio en su residencia en el corregimiento de Robles.
De acuerdo con la información revelada, sujetos armados irrumpieron en el domicilio y dispararon contra el uniformado. En el ataque, su hijo de 11 meses resultó herido en una pierna y debió ser trasladado a un centro médico, donde se encuentra fuera de peligro.
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El crimen provocó una ola de rechazo entre autoridades nacionales y regionales. El ministro Sánchez expresó: “Este crimen, perpetrado en un entorno familiar y fuera del servicio, enluta al país y evidencia hasta dónde puede llegar la crueldad de quienes han perdido todo respeto por la vida. Nada, bajo ninguna circunstancia, puede justificar un ataque contra una familia”, señaló el funcionario.
Perfil de alias el Mocho y su papel en la estructura criminal
Alias el Mocho fue identificado por la Policía Nacional como cabecilla operativo del Frente Jaime Martínez, una estructura con fuerte presencia en Jamundí, Buenaventura y Dagua en el Valle del Cauca, y en el norte del departamento del Cauca.
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De acuerdo con el coronel Andrés Arias Buitrago, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, el detenido tiene una trayectoria de ocho años en actividades ilegales, con antecedentes por homicidio y lesiones personales agravadas por terrorismo.
La fuerza pública lo señala también por su presunta participación en la instrumentalización de menores para actividades de observación criminal y como francotirador al servicio de las disidencias.
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Durante el operativo de captura, se incautó un arma de fuego que, de acuerdo con las investigaciones, habría sido utilizada en varios delitos en la zona sur del departamento.
Reacciones institucionales y medidas de seguridad
La Gobernación del Valle del Cauca, encabezada por Dilian Francisca Toro, había ofrecido una recompensa de hasta $50 millones a quienes proporcionaran información que facilitara la captura de los responsables del crimen.
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El Ministerio de Defensa reiteró la importancia de la denuncia ciudadana, recordando que las líneas telefónicas para reportar actividades criminales y reclutamiento infantil permanecen activas y bajo absoluta reserva.
El personero de Cali, Gerardo Mendoza, exhortó a las autoridades a reforzar las acciones de protección a la población, especialmente a los niños y adolescentes.
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“Desde el Ministerio Público se advierte fortalecer el control preventivo y se exhorta a las autoridades competentes a reforzar las acciones de protección a la población, especialmente, a niños, niñas y adolescentes, así como a adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y garantizar la judicialización de los responsables”, manifestó Mendoza.
Un contexto de violencia sostenida contra la fuerza pública
La captura del “Mocho” ocurre en un contexto de creciente violencia contra la fuerza pública en Colombia. Con base en datos del Ministerio de Defensa, en lo que va de enero de 2026 ya fueron asesinados cinco policías en el país. El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, calificó el asesinato y la herida al hijo del patrullero como “una afrenta intolerable contra la dignidad humana y la sociedad entera”.
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Las autoridades reiteraron que proteger a quienes garantizan la seguridad ciudadana es una obligación indelegable del Estado. El ministro Sánchez enfatizó: “Su memoria nos compromete a actuar con determinación y sin descanso. Proteger a quienes nos protegen es un deber del Estado y una causa que no admite indiferencia”.
Por ahora, alias El Mocho permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, donde avanza su proceso de judicialización, mientras las investigaciones buscan determinar la magnitud de su participación en hechos violentos recientes en Jamundí y municipios cercanos.
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