
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) enfrentan en la noche del lunes 26 de enero la declaración de insubsistencia de sus cargos; es decir, despidos por lo visto injustificados, en un proceso que coincide con la inminente aplicación de la Ley de Garantías previa a las elecciones presidenciales. Previstas en su primera vuelta para el 31 de mayo y, en caso de ser necesario, una segunda jornada, que se efectuará el 21 de junio.
Entre los afectados por lo que serían las decisiones de la nueva titular de esta dependencia, Nhora Mondragón, figura -entre otros- la jefe de recursos humanos, Luz Dary Cruz: con más de veinticinco años de trayectoria en la Casa de Nariño, así como la jefe de prensa del Dapre, Yury Carolina Calderón. De la primera, según se pudo conocer, estaría en etapa previa a la pensión, por lo que su salida causó fuertes reacciones frente a su remoción de su puesto.
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Y es que la entidad encargada de gestionar los asuntos del jefe de Estado se convirtió en el epicentro de estos cambios, mientras continúan las notificaciones de insubsistencias. El motivo detrás de esta oleada de decisiones, según versiones internas, sería la intención de generar nuevos cupos para el ingreso de personal que esté, al parecer, afín con la campaña de los aspirantes que apoya el jefe de Estado, del que es público su respaldo a Iván Cepeda.
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De acuerdo con la información dada a conocer por Caracol Radio, los despidos iniciaron hacia las 5:00 p. m. del lunes, cuando citaron de manera individual a los que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción en el Departamento Administrativo y la Secretaría General de la Presidencia de la República. Así pues, uno a uno, fueron comunicados de las determinaciones tomadas en cada caso, sin que se supieran motivos de fondo de cada despido.

¿Cómo avanza la Ley de Garantías en vísperas de las elecciones al 2026?
Es oportuno decir que la Ley de Garantías se ha venido implementando de manera progresiva, pues desde el 8 de noviembre se restringieron los convenios interadministrativos en el ámbito territorial y, a partir del 31 de enero; es decir, en cinco días, se prohibirá la contratación directa y se dispondrán disposiciones en cuanto a la nómina pública del Estado. Lo que se quiere es preservar la equidad durante los comicios que se celebrarán en el primer semestre de 2026.
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Los movimientos se estarían llevando a cabo tres días después de que se conociera la designación de Mondragón como directora del Dapre, en reemplazo de Angie Rodríguez, que renunció a su cargo para asumir, en propiedad, la gerencia del Fondo Adaptación. Siendo esta la quinta funcionaria en llegar a la entidad, tras Mauricio Lizcano, Laura Sarabia, Jorge Rojas y Rodríguez, que la antecedieron de cara a esta recta final de la administración Petro.

Además de las ya mencionadas, y según Semana, se encontraría Hasbleidy Fajardo: prima de la exdirectora Rodríguez y quien había sido nombrada en el rango de asesor grado 5. Este remezón no sería el único al interior del Gobierno, pues ya se conocía sobre lo que estaría sucediendo al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se habló de la salida de al menos 130 funcionarios, también en cercanías de la implementación de la Ley de Garantías.
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A la par de las jornadas en las que se elegirá al sucesor de Petro, también se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo las elecciones al Congreso, en las que el Pacto Histórico, la fuerza oficialista, buscará mantenerse como la bancada más grande en el Senado y una de las más numerosas en la Cámara; en medio de los escándalos que salpican al actual Gobierno, en especial, los relacionados con la corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd).
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