La ofensiva contra los delitos sexuales cometidos por extranjeros en Medellín y el Valle de Aburrá ha dejado cifras que reflejan la magnitud del problema.
Las autoridades han inadmitido a 153 extranjeros vinculados con antecedentes de delitos sexuales contra menores en los últimos 18 meses, según la Unidad de Protección de la Policía Nacional.
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Este resultado fue posible gracias a la incorporación de la herramienta tecnológica Angel Watch, creada para rastrear a agresores transnacionales.
Con su apoyo, las autoridades lograron impedir el ingreso de personas con historial delictivo, reforzando los controles migratorios en la región.
En paralelo, las acciones de inteligencia y el trabajo judicial han permitido capturar a 57 personas señaladas de integrar redes criminales dedicadas a la explotación sexual de menores. Así lo explicó el general Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Unidad de Protección, quien destacó la labor conjunta entre organismos nacionales e internacionales.
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El impacto de estas redes no se limita a los autores materiales. El mismo trabajo permitió la identificación de 73 víctimas de ciudadanos extranjeros en Medellín.
Todas ellas han recibido acompañamiento institucional, en un esfuerzo por restituir sus derechos y avanzar en los procesos judiciales correspondientes.
Una de las estrategias clave ha sido la extinción de dominio sobre bienes usados para cometer estos delitos. Las autoridades intervinieron al menos diez inmuebles, avaluados en cerca de 10.000 millones de pesos, que eran empleados para facilitar actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual infantil.
Condena a segundo extranjero en Estados Unidos, por explotación sexual de menores de edad en Medellín
La condena de Manuel Poceiro a cadena perpetua en Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la lucha internacional contra los crímenes sexuales cometidos por extranjeros en Colombia.
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Las autoridades estadounidenses confirmaron que el hombre, de 66 años, enfrentó cargos por coerción, incitación de menores a actividades sexuales, producción y posesión de pornografía infantil.
En los dispositivos de Poceiro se encontraron imágenes y videos de explotación sexual infantil, con víctimas identificadas en varias ciudades del país, entre ellas Medellín. La gravedad de los hallazgos impulsó una reacción coordinada entre agencias de ambos países.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que este resultado demuestra la relevancia de la cooperación internacional. “Se hizo justicia”, enfatizó, y agradeció el trabajo conjunto de la Embajada de Estados Unidos, el HSI, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
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El caso de Poceiro no es aislado. Se suma a la condena previa de Stefan Andrés Correa, quien en junio de 2025 recibió también cadena perpetua en Estados Unidos. Correa fue hallado culpable de liderar una red sistemática de abuso y explotación sexual de niñas en Medellín.
Las investigaciones determinaron que Correa viajó al menos 48 veces a Colombia entre 2020 y 2024. Su actividad delictiva se centró en niñas de entre 9 y 12 años. La detención de Correa se produjo el 19 de abril de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Medellín.
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Durante la captura, las autoridades decomisaron nueve celulares y hallaron 58 videos y más de 100 fotografías de abuso infantil, así como conversaciones con proxenetas en las que manifestaba su interés por “vírgenes”.
La evidencia recabada fue resultado del trabajo del Grupo Transnacional de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Fiscalía, el HSI y la estrategia Operación Cazador de la Alcaldía de Medellín.
Ambos casos destacan la magnitud y el alcance transnacional de estos delitos. “Stefan Correa fue el primero. Manuel Poceiro es el segundo. Vamos por más. La lucha es firme, sin tregua y sin impunidad”, señaló el mandatario local.
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La colaboración entre agencias estadounidenses y colombianas permitió no solo identificar a los responsables, sino también recolectar pruebas decisivas para asegurar la condena.
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