
Sigue la polémica en torno a la candidatura presidencial de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena que fue denunciado de acoso sexual por varias mujeres que trabajaron bajo su dirección.
Los testimonios señalan que Caicedo habría utilizado su posición de poder para hacer propuestas sexuales directas y reiteradas a empleadas del área de protocolo. Una de las denunciantes relató que, tras rechazar las insinuaciones, experimentó miedo y presión, mientras que los escoltas y otros miembros del equipo de seguridad intervinieron para protegerla a ella y a otras jóvenes en situaciones similares.
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Otras víctimas aportaron conversaciones privadas que evidencian mensajes de contenido sexual no relacionado con el ámbito laboral. En estos chats, Caicedo presuntamente insistía en sus propuestas a pesar de las negativas y el malestar expresado por las mujeres. A estas acusaciones se suma el caso de una congresista que denunció haber sido obligada a realizarse un polígrafo como muestra de lealtad política, en un contexto de presunta intimidación dentro del movimiento Fuerza Ciudadana.
Caicedo ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de ataques políticos recurrentes en su contra, mientras que algunas figuras políticas del país piden que se aleje del plano electoral mientras avanzan las investigaciones al respecto.

Con ese contexto, en diálogo con Infobae Colombia, la líder del consultorio jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Alejandra Rubio, analizó todo lo ligado a este caso y explicó las situaciones que podrían registrarse.
Rubio enfatizó que “Caicedo sigue legalmente inscrito como precandidato presidencial y su aspiración formal continúa en pie” a pesar de las acusaciones en su contra.
En ese sentido, la docente recordó que, a pesar de las pruebas que se han vuelto virales en redes sociales, no se puede olvidar la presunción de inocencia en ningún caso.
“Las investigaciones de la Procuraduría y eventuales indagaciones de la Fiscalía no implican automáticamente una inhabilidad ni la pérdida inmediata de la candidatura mientras no exista una condena o una decisión judicial o administrativa que así lo ordene, esto en concordancia con el principio de presunción de inocencia, el cual se consagra en el artículo 29 de la constitución política”.

La docente habló del impacto que han tenido hasta el momento las denuncias, que son a nivel electoral, puesto que hasta el momento solo se han producido señalamientos públicos.
“En efecto, aquellas denuncias pueden afectar políticamente su campaña, su imagen pública y la confianza de electores o partidos aliados, pero jurídicamente no se le ha impedido ni se ha cancelado su inscripción electoral por estos señalamientos hasta ahora”.
Rubio explicó que, para que se pueda ver afectada la campaña de Caicedo, debe existir una condena penal, una medida de aseguramiento, una sanción disciplinaria o la inhabilidad declarada por una autoridad competente.
A pesar de las críticas por parte de otros políticos, Rubio indicó que “por más graves que sean”, las denuncias no generan una pérdida de la condición de precandidato para Caicedo o los demás aspirantes a la presidencia.
Carlos Caicedo dejaría de poder ser precandidato si se registra alguno de estos escenarios:
- Una sanción disciplinaria en firme que incluya inhabilidad.
- Una sentencia penal condenatoria que conlleve pérdida de derechos políticos.
- La decisión del partido o coalición de retirarle su aval al exgobernador (esto es político, no judicial).
- Decidir libremente el retiro de su campaña a la presidencia.
Tras asegurar que los señalamientos en su contra son falsos, Carlos Caicedo se ha mantenido al margen de todo lo ligado a la polémica en la que se han sumado hasta cuatro testimonios de mujeres diferentes.
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