Consejo Gremial pidió a la Corte Constitucional hundir totalmente el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Natalia Gutiérrez Jaramillo, en su calidad de presidenta y representante legal del Consejo Gremial Nacional, radicó un documento ante la Corte Constitucional solicitando que se declare inexequible totalmente el decreto mediante el cual el Gobierno nacional declaró emergencia económica. La medida surgió luego de que el Congreso de la República no aprobara la ley de financiamiento con la que buscaba completar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

“Intervengo en el presente asunto para solicitar la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, detalló Gutiérrez en el documento en cuestión.

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La solicitud se sustenta, sobre todo, en una premisa: que no se cumplieron los requisitos para establecer una declaratoria de emergencia económica.

“El Decreto 1390 de 2025 (i) no satisface exigencias formales (firma válida de todos los ministros competentes), y (ii) no cumple los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia, al fundarse en circunstancias estructurales, previsibles o atribuibles a la gestión ordinaria del Estado, impropias del estándar estricto del artículo 215 de la Constitución”, precisa el documento.

Los argumentos del Gobierno que contraría el Consejo Gremial

Una de las razones con las que el Gobierno justificó la declaratoria es la necesidad de dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en materia de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud. Aseguró que debe obtener recursos fiscales adicionales para atender ese requerimiento. Pero el Consejo Gremial considera que este hecho no valida la declaratoria.

“Esta circunstancia no configura un hecho sobreviniente ni extraordinario que habilite la declaratoria de una emergencia económica (...). Una orden judicial no constituye, por sí misma, un hecho sobreviniente ni extraordinario”, explicó.

Por otro lado, el Gobierno indicó que la emergencia económica también pretende enfrentar el deterioro de las condiciones de seguridad en el país, que enfrenta alteraciones en el orden público. Sin embargo, esto, según Gutiérrez, tampoco habilita una declaratoria, porque “las afectaciones al orden público corresponden a problemáticas estructurales y crónicas”; no son eventos imprevisibles, sobrevinientes o extraordinarios.

Frente a la caída de la ley de financiamiento (reforma tributaria), la administración explicó que agrava la situación fiscal. El Consejo Gremial rechazó este argumento, aclarando que “la no aprobación de una ley de financiamiento no puede calificarse como un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario porque los artículos 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Política instituyen el principio de legalidad tributaria y la reserva estricta de ley en materia impositiva”.

Además, indica que el decreto no cuenta con el respaldo válido de todos los jefes y jefas de cartera del Gobierno, debido a que “una de las personas que suscribió el decreto carecía de la competencia constitucional y legal necesaria para hacerlo”: Irene Vélez Torres, entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada.

Según Gutiérrez, para la fecha de expedición y suscripción del decreto de emergencia económica (22 de diciembre de 2025), Vélez Torres no se encontraba jurídicamente investida de la condición de “Ministra del Despacho”. Por tanto, no estaba facultada para suscribir el decreto legislativo.

“Dado que el encargo de la doctora Irene Vélez Torres inició el 5 de agosto de 2025, es claro que su término inicial de tres (3) meses se extendía, como máximo, hasta el 5 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, la continuidad válida del encargo exigía, de manera ineludible, la expedición de un acto administrativo expreso de prórroga por parte de la autoridad nominadora”, detalló.

Concluyó asegurando que resulta contradictorio el hecho de que el Gobierno haya declarado una emergencia económica finalizando 2025, alegando una situación de insuficiencia fiscal extraordinaria, y que, al mismo tiempo, haya incrementado el salario mínimo para 2026 en un 23%.

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