Mario Hernández arremetió contra el impuesto al patrimonio del 5% de Petro y lo calificó como “un asalto”

El empresario colombiano Mario Hernández lanzó una dura crítica contra el nuevo impuesto al patrimonio del 5% impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al calificar la medida como “un asalto”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Hernández cuestionó el impacto del gravamen sobre los grandes patrimonios y alertó sobre las consecuencias económicas y jurídicas que podría generar su implementación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hernández, fundador de la reconocida marca de marroquinería que lleva su nombre y quien ha anunciado su intención de lanzarse al Senado por el partido Centro Democrático, se sumó así a las voces del sector empresarial que rechazan el decreto expedido por el Ejecutivo tras la declaración de la emergencia económica.

Para el empresario, el aumento del impuesto representa una señal negativa para la inversión y refuerza la percepción de inseguridad jurídica en el país.

El nuevo impuesto al patrimonio, fijado en una tasa máxima del 5%, busca sostener el gasto social y contribuir a la reducción del déficit fiscal, que según proyecciones oficiales podría alcanzar el 6,5% del PIB en 2026.

No obstante, la medida ha generado una intensa controversia, tanto por su alcance como por el mecanismo utilizado para su adopción, luego de que el Congreso expresara reparos iniciales.

De acuerdo con información citada por Bloomberg Línea, la tasa del 5% supera ampliamente el esquema anterior, que contemplaba un gravamen del 1,5%, y ubica a Colombia como el país con la tasa efectiva más alta del mundo en este tipo de tributo, por encima de modelos aplicados en naciones europeas como Noruega, Suiza y España.

El decreto establece un cobro escalonado desde patrimonios de 2.000 millones de pesos, con la tarifa máxima aplicable a fortunas superiores a 100.000 millones.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el impuesto afectaría únicamente al 0,8% de los contribuyentes, es decir, a quienes concentran los mayores patrimonios del país.

Según estimaciones oficiales, 105.332 personas estarían sujetas al gravamen, aunque solo 66 contribuirían con la tasa marginal más alta.

En un escenario de implementación plena, el Gobierno calcula una recaudación adicional de cerca de 4 billones de pesos para 2026, más del doble de lo obtenido el año anterior.

El Ejecutivo ha defendido la medida como un instrumento de justicia fiscal. El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, uno de los arquitectos de la primera reforma tributaria del actual Gobierno, sostuvo que las grandes fortunas deben asumir una mayor carga debido a que las ganancias de capital suelen subestimarse.

En esa misma línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ha señalado que los impuestos al patrimonio pueden contribuir a reducir la desigualdad, aunque ha recomendado fortalecer otros mecanismos complementarios.

Sin embargo, las críticas no se limitan al sector político de oposición. Analistas financieros y expertos en planeación patrimonial han advertido sobre las debilidades estructurales del impuesto.

Lucas Solano, vicepresidente de planificación patrimonial de Credicorp Capital en Colombia, señaló al medio citado que existe una alta incertidumbre jurídica y que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto una vez retome actividades. “Los clientes están muy preocupados”, afirmó, al referirse al ambiente fiscal actual.

El riesgo de emigración fiscal también ha cobrado protagonismo en el debate. Analistas señalan que varios de los mayores patrimonios del país ya no tributan en Colombia.

Casos como los de Jaime Gilinski, radicado en Panamá, o David Vélez, en Uruguay, suelen citarse como ejemplo del impacto que este tipo de políticas podría tener sobre la salida de capitales. Incluso figuras públicas como el futbolista Radamel Falcao García han ajustado su residencia fiscal para evitar el cobro del impuesto.

Pese a las críticas, el presidente Petro ha defendido la iniciativa y sostuvo recientemente que los patrimonios ubicados en Colombia deben pagar impuestos, independientemente de si sus propietarios residen o no en el país.