El anuncio de implementar una reducción salarial para congresistas y funcionarios judiciales en Colombia desató una ola de críticas y, sobre todo, advertencias sobre su impacto en la independencia judicial y en la vida de miles de servidores públicos. El Decreto 0030, expedido el 19 de enero de 2026 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, fue recibido con rechazo por sectores políticos y gremiales, que lo consideran una medida de tinte populista y de dudosa legalidad.
La controversia se intensificó tras la reacción de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), que mostró su preocupación por este asunto, así como lo hizo la representante a la Cámara y candidata al Senado Lina María Garrido. La política araucana, aprovechando el alcance de sus plataformas digitales, lanzó un duro mensaje al jefe de Estado por lo que cree es una determinación tomada por venganzas políticas, a 197 días del final de su mandato.
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La congresista, que hace parte del partido Cambio Radical, arremetió contra el primer mandatario y señaló que el decreto fue concebido “muerto” y que su objetivo es electoral. “Ayer se los advertí y hoy se confirma: Gustavo Petro es un mentiroso, hablador de paja, que tiene hipnotizados a unos cuantos pendejos. El famoso ‘decreto que baja el sueldo a los congresistas’ nació muerto y Petro lo sabe”, reafirmó la parlamentaria con su comentario en la red X.
Y añadió en su publicación cómo Petro está recurriendo a lo que, según ella, es lo único que le queda. “Populismo barato y show para engañar incautos”, expresó Garrido en redes sociales. La abogada sostuvo que la medida no tendrá efectos reales y la calificó de engañosa ante la opinión pública, en medio de las reacciones que apuntan a un creciente escepticismo frente al éxito que pueda tener esta medida, que solo entrará en vigencia desde el 20 de julio de 2026, y le quitará más de $16 millones de emolumentos a los parlamentarios.
Preocupación gremial por impacto en la justicia
En su pronunciamiento, el magistrado Hermes Lara, presidente de Corjusticia, expresó su inquietud por el efecto cascada del decreto, que no solo afecta a los congresistas, sino que también impacta los ingresos de procuradores, fiscales, jueces y magistrados en todo el país; como lo advirtió en un comunicado emitido el 22 de enero. “La reducción del salario a los judiciales constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el poder judicial”, reafirmó.
Lara acotó que la decisión desconoce derechos salariales consolidados y el principio de no regresividad en materia laboral y la autonomía judicial. “Bajo el argumento de austeridad, en la práctica, se modifica el régimen salarial fijado por la ley cuarta de 1992, produciendo un efecto cascada que reducirá ingresos a los funcionarios judiciales y otros servidores públicos”, señaló el presidente de Corjusticia, en su comparecencia ante los medios de comunicación.
Es válido destacar que el Gobierno Petro justificó la expedición del decreto bajo la premisa de austeridad y equidad salarial, en línea con sus propuestas de reducción de privilegios políticos; sin embargo, la medida fue interpretada por Corjusticia y gremios judiciales como un ataque a la independencia del poder judicial. “La reducción salarial incide consecuentemente en la calidad de vida de sus familias y de todos quienes hacemos parte de la familia judicial”, señaló.
La organización llamó a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a las cortes a tomar acciones para enfrentar los efectos del decreto. “Invitamos igualmente a todos los sindicatos de la rama judicial y a las organizaciones de la judicatura, procuraduría y fiscalía, así como a todos los servidores públicos afectados, a aunar esfuerzos por la defensa de nuestros derechos laborales”, puntualizó el togado Lara.
A su vez, Corjusticia alertó sobre el riesgo de que la reducción de salarios pueda convertirse en una herramienta de presión sobre la justicia. “El ataque directo a la independencia judicial debilita uno de los baluartes fundamentales del Estado social y democrático de derecho”, remarcó en su pronunciamiento la corporación, que insistió en la necesidad de establecer escenarios de diálogo y cooperación interinstitucional para enfrentar los efectos adversos del decreto.
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