Ex subdirector de la Uiaf, condenado a diez años por corrupción, se fugó durante una cita médica: esto se sabe

La fuga de Juan Sebastián Montoya Cardona, ex subdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y condenado a diez años de prisión, es investigada por las autoridades luego de que se conociera que el interno no regresó a su lugar de reclusión tras asistir a una cita médica bajo custodia oficial.

El hecho ocurrió el lunes 19 de enero, cuando el condenado se encontraba recluido en la Cárcel Departamental de Yarumito, en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

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De acuerdo con información preliminar, la evasión se habría producido alrededor de las 9:00 a. m.; sin embargo, la notificación oficial a la Estación de Policía de Bello se habría realizado cerca de las 4:00 p. m. del mismo día. Ese lapso de aproximadamente siete horas es materia de verificación dentro de los procedimientos que adelantan las autoridades para establecer cómo se produjo la fuga y cuáles fueron las actuaciones posteriores al momento en que se perdió el rastro del interno.

Según los primeros reportes, Montoya Cardona fue trasladado a una cita médica fuera del centro penitenciario y se encontraba bajo custodia de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En ese contexto, el interno habría evadido la vigilancia y no regresó a la cárcel de Yarumito. Las circunstancias exactas del escape, así como las responsabilidades en la custodia, son objeto de investigación administrativa y penal.

Las autoridades penitenciarias confirmaron a El Tiempo que la custodia del establecimiento penitenciario corresponde a las autoridades locales de Itagüí y a instancias regionales de Antioquia. Al momento de conocerse la evasión, se activaron los protocolos de búsqueda y localización del condenado, quien ahora figura en condición de prófugo.

Tras hacerse pública la información, se registraron reacciones en redes sociales. Una de ellas fue la de la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla Minami, quien se refirió al caso a través de su cuenta de X. En su publicación, la cabildante escribió de manera textual:

“¡Qué tan casual, se les voló Juan Sebastián Montoya Cardona! (...). Este señor estaba siendo custodiado por policías que reportaron la fuga 7 horas después. ¡Que tan casual todo! Justo en el momento más álgido sobre las cuentas del presidente, quien se reputa de estar limpio“.

Juan Sebastián Montoya Cardona cumple una condena de diez años de prisión por varios delitos relacionados con un esquema de direccionamiento de decisiones judiciales en el municipio de Bello. Fue capturado en mayo de 2023 y posteriormente condenado por concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y prevaricato, entre otras conductas investigadas en el proceso penal.

Al momento de su captura, Montoya Cardona adelantaba la recolección de firmas para aspirar a la Alcaldía de Bello. Antes de ingresar a prisión, se había desempeñado durante cerca de cinco años como inspector de Policía de ese municipio y, a finales de 2022, ocupó de manera temporal la subdirección de la Uiaf, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada del análisis financiero y la detección de operaciones sospechosas.

Su nombre estuvo vinculado al proceso judicial derivado del escándalo en el juzgado primero civil del circuito de oralidad de Bello. De acuerdo con decisiones judiciales, en ese despacho se conformó una estructura integrada por el juez Jairo de Jesús Giraldo Naranjo y otros funcionarios, que tramitaba de manera irregular acciones de tutela, procesos de pertenencia y procesos verbales. A los interesados se les exigían pagos que eran distribuidos entre los involucrados a cambio de fallos favorables, y Montoya Cardona fue identificado como uno de los participantes en ese entramado.

Tras su paso por despachos judiciales y su proyección política local, Montoya llegó a Bogotá para asumir la subdirección de la Uiaf. Su gestión quedó bajo escrutinio cuando se conocieron investigaciones relacionadas con posibles redes de influencia entre distintas dependencias del Estado, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El 13 de mayo de 2024, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si existieron conductas de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos que habrían involucrado a su entonces jefe en la Uiaf, Luis Eduardo Llinás Chica, quien renunció meses después.

Por ahora, las autoridades mantienen activa la búsqueda del exsubdirector y avanzan en la verificación de las circunstancias en las que se produjo la evasión, así como en la revisión de los procedimientos de custodia aplicados durante el traslado médico. La investigación también busca establecer si existieron fallas administrativas o de procedimiento relacionadas con el reporte tardío del hecho.