Decreto a fondos pensionales: expertos alertan por impacto en ahorros de jóvenes y distorsiones en el mercado cambiario

El borrador de decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca limitar las inversiones en el exterior de los fondos privados de pensiones y repatriar cerca de $100 billones en los próximos años sigue generando una fuerte controversia entre analistas económicos y voceros de los afiliados.

Aunque el Ejecutivo sostiene que la medida permitiría alinear el ahorro de largo plazo con las necesidades estructurales de inversión de la economía colombiana, expertos consultados por Infobae Colombia alertan sobre efectos negativos en la rentabilidad de los ahorros, la estabilidad del mercado y la sostenibilidad del sistema pensional.

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El documento plantea que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reduzcan progresivamente su exposición a activos en el exterior hasta un límite global del 30%, obligándolas a redireccionar recursos hacia inversiones locales.

Para los críticos, más allá del objetivo declarado, el decreto implica una intervención directa en decisiones técnicas que deberían responder exclusivamente a criterios de rentabilidad y manejo de riesgo.

Riesgo para el ahorro pensional y la diversificación

En entrevista con Infobae Colombia, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, dijo que la iniciativa es inconveniente y está “mal diseñada” desde el punto de vista técnico.

En su análisis, el decreto rompe con uno de los principios básicos de la gestión de portafolios: la diversificación internacional del riesgo. “Cuando se obliga a traer recursos que pueden estar entre $100 y $120 billones, se limita la capacidad de los fondos para buscar mejores rendimientos globales y se afecta directamente al ahorrador pensional”, señaló.

Restrepo explicó que la diversificación no es un capricho, sino una herramienta para maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo. Al concentrar las inversiones en el mercado local, los afiliados podrían enfrentar menores rendimientos futuros y, en consecuencia, pensiones más bajas.

Además, advirtió que la llegada forzada de grandes flujos de capital enviaría señales distorsionadas al mercado cambiario. “Se puede generar una apreciación ficticia del peso, que no responde a mejoras estructurales de la economía, sino a una decisión administrativa”, afirmó.

Presión sobre la economía y financiamiento del Estado

Otro de los puntos críticos señalados por Restrepo es la limitada capacidad del país para absorber montos tan elevados en proyectos productivos rentables. A su juicio, Colombia no cuenta hoy con suficientes iniciativas de infraestructura, energía o vivienda que ofrezcan retornos adecuados para inversiones de esa magnitud. En ese escenario, considera probable que los recursos terminen concentrándose en títulos de deuda pública (TES).

“En el fondo, se estaría capturando el ahorro pensional para financiar el endeudamiento del Gobierno nacional, lo cual no debería ser el objetivo de estos recursos privados”, sostuvo.

Para el exministro, esta dinámica podría aliviar presiones fiscales en el corto plazo, pero a costa de comprometer la rentabilidad de largo plazo de los afiliados y de aumentar la dependencia del Estado de estos ahorros.

Impacto en jóvenes y posible salida de fondos

Jerome Sanabria, miembro de la organización “Con mi ahorro no”, reveló a Infobae Colombia que coincide en que el principal efecto del decreto recaería sobre los rendimientos, especialmente para los afiliados más jóvenes.

Recordó que, en promedio, cerca del 70% del saldo final de una pensión en los fondos privados proviene de los rendimientos y no de las cotizaciones. “Si se reducen las posibilidades de invertir en mercados internacionales y en acciones, ese componente clave del ahorro se ve seriamente afectado”, explicó.

Sanabria alertó que, según discusiones técnicas recientes, el monto a repatriar podría ser incluso mayor al anunciado inicialmente, llegando a unos $210 billones en cinco años.

Dado el tamaño reducido del mercado colombiano, afirmó que los fondos tendrían pocas alternativas distintas a invertir en deuda pública. Además, destacó que la homogenización del límite del 30% para todos los perfiles de riesgo eliminaría, en la práctica, la diferencia entre fondos conservadores, moderados y de mayor riesgo.

Esto implicaría que los jóvenes, que hoy asumen más riesgo para obtener mayores retornos, verían sus portafolios transformados en esquemas mucho más conservadores.

“Se reduce el incentivo a permanecer en fondos privados y se afecta el corazón del modelo de ahorro individual”, indicó. Sanabria también advirtió que, sumado a otros decretos recientes, el entorno regulatorio podría llevar a que algunas AFP evalúen su permanencia en el país.

Pese al panorama, ambos analistas coincidieron en que el hecho de que se trate de un decreto y no de una ley abre la puerta a demandas y a una eventual reversión en un próximo gobierno. Mientras tanto, el debate sigue abierto y el impacto real de la medida dependerá de su versión final y de la reacción del mercado y de los afiliados.

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