Abelardo de la Espriella tendrá que resolver histórica deuda que le deja Gustavo Petro a los colombianos: así tendrá que enfrentar la situación

El margen fiscal de 2027 deja al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella con poco espacio desde el arranque: de los $19,881 billones adicionales frente a 2026, $17,591 billones se irían al servicio de la deuda. Eso equivale a $88,5 de cada $100 nuevos, mientras funcionamiento recibiría $9,1 e inversión apenas $2,4.

El principal problema fiscal que recibirá el nuevo mandatario con el presupuesto de 2027 es que el aumento del gasto ya está casi absorbido por la deuda, todavía faltan $8,292 billones por conseguir y el nuevo gobierno además deberá definir cómo aplicará un recorte cercano a $60 billones sin un documento público que detalle si ese ajuste regirá en 2027, en lo que resta de 2026 o a lo largo de varios años.

La comparación parte de un presupuesto proyectado de $575,699 billones para 2027 frente a una apropiación vigente de $555,818 billones al 30 de junio de 2026. Esa base incluye el presupuesto aprobado inicialmente y los recursos añadidos durante el primer semestre.

Al respecto, el socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, Juan Carlos Arbeláez, explicó que “no es una estimación independiente sobre lo que podría ocurrir, sino un cálculo construido a partir de las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda”.

El servicio de la deuda reduce el margen del presupuesto

El servicio de la deuda pasaría de $100,450 billones en 2026 a $118,041 billones en 2027, un alza de 17,5%. Dentro de ese rubro, los intereses subirían de $68,765 billones a $87,714 billones. Ese incremento en intereses sería de $18,949 billones, equivalente a 27,6%. Al mismo tiempo, otros componentes, como pagos de capital, comisiones y recursos para imprevistos, bajarían y compensarían una parte del aumento total.

Frente a esa carga, funcionamiento e inversión crecerían apenas 0,5%. Como el mismo proyecto calcula una inflación de 4,4% para 2027, la capacidad de compra del Estado para operar entidades, contratar bienes y ejecutar programas caería 3,7%.

Recorte de $60 billones abre otra presión sobre la inversión

Un análsisi de Crowe Colombia dice que a la presión de la deuda se añade el recorte cercano a $60 billones anunciado por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez. Hasta ahora no existe un documento público que establezca si ese ajuste se aplicará en 2027, en lo que resta de 2026 o repartido en varios años. Si todo el recorte se descontara del proyecto de 2027, equivaldría a 10,4% del presupuesto total y a 13,1% del gasto sin deuda. El equipo entrante ha hablado de revisar contratos, partidas no comprometidas, gastos administrativos y entidades con funciones repetidas, pero no ha cuantificado el aporte de cada medida.

Arbeláez advirtió sobre el efecto potencial de ese ajuste. “El riesgo es que el ajuste termine ejerciendo mayor presión sobre la inversión, lo que podría traducirse en menos obras públicas, vivienda y menor velocidad en la ejecución de programas sociales”, anotó.

Faltante del presupuesto

El proyecto de PGN de 2027 también arrastra una brecha de financiación. Incluye $30,213 billones sujetos a nuevas fuentes de recursos, pero la reforma tributaria del Gobierno saliente recaudaría solo $21,921 billones en 2027. Esa cobertura llegaría a 72,6% y dejaría 27,4% sin fuente identificada, unos $8,292 billones. El Ministerio de Hacienda no precisó todavía si esa diferencia saldría de otra propuesta, de un mayor recaudo de tributos vigentes, de recursos de capital o de una reducción del gasto.

El panorama se complica porque el gobierno entrante anunció que no respaldará la reforma tributaria actual y que presentará la suya en septiembre. Como todavía no se conocen sus medidas ni su meta de recaudo, sigue abierto el interrogante sobre cómo se cubrirá ese faltante.

Dudas sobre los ingresos y los tiempos del Congreso

La composición de los ingresos esperados también concentra reparos. El 55,4% del recaudo proyectado por la reforma saliente vendría de dos cambios: la reducción de beneficios en los aportes empresariales a salud, Sena e ICBF, con $8,529 billones, y el aumento gradual del IVA a los combustibles, con $3,610 billones.

El capítulo llamado “Progresividad”, que reúne cambios para personas, empresas y patrimonios, aportaría $3,439 billones. Esa suma representa 15,7% del total previsto.

Frente a la situación, el exdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñonez cuestionó que el país repita por tercer año consecutivo el mismo problema de fondo. Según un análisis que hizo, para la vigencia actual se incluyen $30,2 billones en ingresos contingentes que dependen por completo de una reforma tributaria que el Congreso aún no ha discutido.

Quiñonez afirmó que “no sabemos si va a ser archivada, posiblemente sea archivada, e incluso ya la Contraloría lo confirmó cuando dice que hay una desfinanciación cierta y no hipotética”. Luego añadió que “no es solo una herencia”.

Sobre la composición del gasto, el exfuncionario indicó que “el servicio de la deuda crece 17,5%, mientras que funcionamiento e inversión prácticamente se congelan en términos reales. La inversión pública cae de 4,4% al 4,2% del producto interno bruto”.

También señaló el tipo de respuesta que exigirá el próximo gobierno: “El mensaje que deja el gobierno saliente al entrante es que debe buscar los ingresos más allá de reducir el gasto”. Y advirtió: “Claramente, el Congreso no debería aprobar este presupuesto condicionado a esa reforma tributaria cuando aún no existe la reforma tributaria”.

Puntualizó que 93,7% del gasto está atado a mandatos constitucionales. Con ese margen acotado, el Congreso deberá fijar el monto del presupuesto antes del 15 de septiembre y votarlo a más tardar el 20 de octubre, mientras la nueva administración define en pocas semanas de dónde obtendrá los recursos y qué partidas recortará.