Los colombianos pagaron $24,9 billones por obras atrasadas en la red eléctrica, según Superservicios

Los usuarios del servicio de energía en Colombia asumen millonarios costos por las limitaciones de la infraestructura eléctrica. Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) reveló que entre 2022 y 2025 las restricciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN) representaron pagos por $24,9 billones a través de las tarifas.

El documento “Análisis de la expansión de la transmisión en Colombia 2026” evaluó el estado de los proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y del Sistema de Transmisión Regional (STR), además de las restricciones reportadas por XM. El análisis encontró que varias dificultades de la red siguen sin tener una solución definida. De las 390 restricciones identificadas, 189 no cuentan con un proyecto de expansión asociado, equivalente al 48,5% del total. La Superservicios también señaló que el 94,9% de estas limitaciones no tiene una obra en ejecución que avance según el cronograma previsto.

Entre las razones de los retrasos aparecen problemas logísticos y técnicos, dificultades para obtener licencias ambientales y obstáculos relacionados con predios y servidumbres, factores que afectaron la puesta en operación de las obras. El impacto económico de estas restricciones ha crecido durante los últimos años. Según el informe, el costo pasó de $1,15 billones en 2008 a $8,34 billones en 2024. Entre 2008 y 2025, el acumulado llegó a $58,9 billones, de los cuales $24,9 billones correspondieron al periodo comprendido entre 2022 y 2025.

El valor más alto se registró en 2024, cuando alcanzó los $8,34 billones, una cifra 7,2 veces superior a la registrada en 2008. Para 2025 hubo una reducción hasta los $5,36 billones, aunque el monto permaneció 4,7 veces por encima del dato de 2008. La entidad relacionó este aumento con el crecimiento de proyectos de expansión vencidos. Mientras en 2008 no existía obras pendientes de cumplimiento, en 2025 se contabilizaron 30 proyectos atrasados. Durante ese mismo periodo, la demanda comercial nacional aumentó 55,4%.

El análisis estadístico encontró una relación entre la cantidad de proyectos vencidos y el costo de las restricciones, con un coeficiente de correlación de +0,87 en niveles. La Superservicios aclaró que este resultado representa una asociación estadística y no una estimación de efecto causal. Por regiones, Caribe concentra la mayor cantidad de restricciones, con el 39% de los casos identificados. De estas, 73 no cuentan con un proyecto asociado para atender la situación.

El informe también revisó la generación de seguridad fuera de mérito, utilizada por necesidades operativas del sistema aunque no sea seleccionada por criterios económicos. Entre 2008 y 2025, las causas relacionadas con la red de transmisión representaron entre 54,3% y 89,2% de esta generación, con un promedio de 71,4%.

Superservicios indicó que varios proyectos del STR continúan sin un mecanismo definido de ejecución, debido a la falta de manifestación de interés de los operadores de red o al vencimiento de los plazos regulatorios establecidos. La entidad advirtió que la demora en las obras afecta la incorporación de nueva generación y la conexión de proyectos al SIN, pues la capacidad disponible de la infraestructura condiciona estas iniciativas.

Frente a este panorama, la Superservicios planteó ocho recomendaciones. Entre ellas están fortalecer la coordinación entre la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), los operadores de red y XM para mejorar la planeación de expansión; adelantar convocatorias para proyectos del STR cuando no haya interés de los operadores y promover mecanismos para agilizar licencias ambientales.

Además, propuso mejorar la articulación entre entidades públicas, empresas y autoridades para acelerar trámites, reforzar el seguimiento de proyectos del STN mediante alertas tempranas, priorizar obras atrasadas en regiones como Caribe y Oriental, definir soluciones para las 189 restricciones sin proyecto asociado y evaluar los sobrecostos generados cuando se soliciten modificaciones en las fechas de puesta en operación.