Alcaldía de Cali ofreció recompensa de $20 millones por información que permita desmantelar talleres ilegales de armas

Una recompensa de hasta $20 millones por información que conduzca al desmantelamiento de talleres clandestinos de armas de fuego centra la más reciente ofensiva de la Alcaldía de Cali contra el crimen organizado.

Esta iniciativa se inscribe en la estrategia integral ‘Unidos por la seguridad de Cali’, cuyo objetivo central es frenar delitos de alto impacto como homicidios y hurtos, al tiempo que apuesta a consolidar una reducción sostenida de la violencia durante 2026.

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“Estamos ofreciendo recompensas de hasta $20 millones para poder ubicar los lugares donde se venden o donde se alquilan armas para los delincuentes que están sembrando esta violencia en nuestra ciudad”, expresó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por medio de un video publicado en su cuenta en X.

En la sesión del primer consejo de seguridad ampliado de 2026, la administración municipal delineó junto a la Policía Metropolitana de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca la hoja de ruta para fortalecer la seguridad mediante la combinación de incentivos económicos, operaciones policiales y tecnología.

Una de las decisiones anunciadas fue la inversión de $180.000 millones para este año en recursos destinados exclusivamente a la protección ciudadana, que se suman a los $150.000 millones proyectados en el programa ‘Invertir para Crecer’.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, recalcó que la modernización tecnológica será prioritaria, con sistemas de videovigilancia, inteligencia artificial, drones para el monitoreo de zonas urbanas críticas y mejoramiento de la infraestructura de las fuerzas de seguridad.

Además de perseguir la fabricación y comercialización ilegal de armamento, la Alcaldía mantiene vigentes recompensas para quienes contribuyan a evitar ataques terroristas. Para canalizar la información, las autoridades exhortan a la ciudadanía a utilizar la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva de la identidad del informante.

El balance operativo del año anterior presentado por la Policía Metropolitana de Cali mostró resultados destacados: 1.327 armas de fuego decomisadas en 2025 y 6.704 capturas, de las cuales 1.038 se relacionaron directamente con el porte ilegal de armas. La urbe registró 33 días sin homicidios, una marca que el gobierno local busca superar mediante el control territorial reforzado.

La dimensión del fenómeno quedó expuesta en el análisis del Observatorio de Seguridad de Cali: en solo los primeros 17 días de 2026, hubo 45 de 53 homicidios cometidos con armas de fuego, lo que equivale al 85% de los casos. En todo 2025, el uso de armas de fuego representó el 82% de los asesinatos en la ciudad.

El plan de recompensas genera debate entre los expertos. Para el consultor en seguridad y paz Felipe Fernández, entrevistado por El País, la iniciativa puede resultar eficaz como herramienta de inteligencia al incentivar la entrega de información que normalmente no llegaría a las autoridades, en especial sobre lugares específicos de fabricación, almacenamiento o venta de armas.

Fernández explicó: “Su utilidad principal es activar información ciudadana que de otra manera no llegaría a las autoridades, especialmente sobre lugares específicos de fabricación, almacenamiento o comercialización de armas”.

No obstante, advierte que las recompensas, por sí mismas, no modifican los niveles globales de criminalidad ni la estructura de fondo del fenómeno.

La prueba empírica indica que permiten resolver casos concretos o facilitar pistas útiles, pero el impacto en los homicidios solo es significativo cuando desarticulan estructuras criminales o se intervienen puntos clave de violencia y se mejora el esclarecimiento de los asesinatos. “En el Valle del Cauca, más del 80% de los homicidios se cometen con armas de fuego, pero la reducción de estos delitos depende de a quién se le quita el arma, en qué contexto y si eso rompe dinámicas de violencia activa”, añadió Fernández.

El experto señaló riesgos adicionales: si las recompensas no cuentan con esquemas robustos de protección al informante o claridad en los pagos, pueden propiciar falsas denuncias, retaliaciones y pérdida de legitimidad institucional, además de saturar a la policía con información irrelevante o motivada por venganzas personales.

El comandante encargado de la Policía de Cali, coronel Andrés Arias, expuso que el propósito del incentivo económico es reducir los homicidios, las lesiones personales y los delitos de alto impacto, a partir del desmantelamiento de centros de acopio y alquiler de armamento.

El oficial señaló: “Lo que buscamos es reducir los homicidios en la ciudad, los delitos de alto impacto y las lesiones personales. El año pasado alcanzamos a incautar más de 1.300 armas de fuego y tuvimos 33 días sin homicidios”. Arias instó a los ciudadanos a confiar en la institución y denunciar a través de la línea única.

En la dimensión preventiva, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se fortalecerá el programa ¡En la buena!, que en 2025 benefició a 1.802 personas de las comunas 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, mediante acciones de formación para el empleo, educación y actividades comunitarias.

Para este año, el presupuesto del programa será del orden de 5.000 millones de pesos, con énfasis en jóvenes y menores de edad. La subsecretaria de la Política de Seguridad, Natalia Zuluaga, resumió su propósito: “Transformar la vida de los jóvenes y, por ende, propiciar entornos más sanos”.

La lucha contra el tráfico de armas en Cali mantiene abiertas todas las líneas de intervención: incentivos económicos a la denuncia, modernización tecnológica, mayores operativos policiales y refuerzo de los programas preventivos en las zonas más vulnerables.

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