Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, enfrenta una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspirar para el tráfico de cocaína y armas, en colaboración con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
La Fiscalía estadounidense atribuye a Maduro Guerra el envío de cargamentos de droga desde Venezuela hacia Miami y Nueva York, en coordinación con organizaciones armadas catalogadas como terroristas por el gobierno estadounidense.
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El expediente judicial señala que, hacia 2020, Maduro Guerra mantuvo una reunión en Medellín, Colombia, con representantes de las Farc.
Durante ese encuentro, considerado clave en la investigación, se discutieron arreglos logísticos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de territorio colombiano, con destino final en Estados Unidos.
Los documentos citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en su acusación, destacan que las operaciones incluyeron rutas previamente establecidas, el uso de contenedores de chatarra y la manipulación de puertos para ocultar los envíos de droga.
En un caso particular, se planificó enviar quinientos kilogramos de cocaína para desembarcar cerca de Miami, mientras que otras cargas serían ocultadas en materiales metálicos hacia puertos de Nueva York.
La acusación indica que uno de los ejes del acuerdo era que Maduro Guerra propusiera pagar a las Farc con armas. Este intercambio buscaba asegurar la vigilancia de los cargamentos y garantizar el paso de las sustancias ilícitas, consolidando la colaboración logística y armada entre ambos actores.
El caso forma parte de una conspiración de mayor alcance, donde figuran como coacusados Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores de Maduro y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, además de otras personas no identificadas.
Todos ellos están vinculados, según documentos judiciales, a la fabricación, distribución y tenencia de sustancias controladas, con conocimiento de que serían transportadas ilegalmente a territorio estadounidense, incluso en aguas bajo jurisdicción de Estados Unidos.
La investigación establece que las operaciones fueron diseñadas para extenderse durante al menos seis años, con un alcance proyectado hasta después de 2026.
Las fuerzas venezolanas permiten operaciones del ELN y disidencias de las Farc en su territorio
Documentos y grabaciones que han sido analizados por agencias de inteligencia revelan una alianza entre el régimen venezolano, el ELN y disidencias de las Farc.
Según una investigación de Noticias Caracol, pactos con sectores de las fuerzas militares venezolanas permiten a estos grupos operar desde Venezuela y controlar rutas clave de tráfico de drogas y armas en la frontera con Colombia.
Entre las pruebas más importantes figura un video grabado en 2020 en Elorza, estado Apure, donde un hombre identificado como Julián Chollo, segundo cabecilla del Frente Acacio Medina, expresó públicamente su respaldo: “Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando dirigiendo este barco”, afirmó el líder en presencia de campesinos.
Posteriormente, llamó a la estructura del Partido Patria Para Todos a convertirse en una “fuerza de poder para la solución de toda esta problemática, que se convierta en una fuerza de gobierno, camaradas, en apoyo al camarada Nicolás (Maduro)”.
Las investigaciones muestran que el ELN ha alcanzado un trato privilegiado bajo el régimen de Nicolás Maduro. Se estima que la organización cuenta con 1.400 hombres armados distribuidos en Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas.
Paralelamente, las disidencias de las Farc mantienen cerca de 200 combatientes en regiones como Zulia, Táchira y Apure, bajo las órdenes de alias Iván Mordisco desde Colombia. Además, la estructura conocida como Segunda Marquetalia alberga a 13 de sus principales jefes escondidos en suelo venezolano.
Los informes citados por Noticias Caracol consignan la existencia de al menos 30 pistas clandestinas localizadas en Zulia y Amazonas para facilitar el tráfico ilícito de drogas. A
demás, interceptaciones electrónicas revelan acuerdos logísticos y entrega de armamento de alta tecnología, que incluye la expectativa del ELN de acceder a misiles por medio de sus vínculos con funcionarios venezolanos. Un intercambio electrónico expuso la adquisición planificada de lanzamisiles, con la participación de delegados rusos y el pago propuesto de cinco millones de dólares (USD5.000.000) a militares venezolanos.
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