La decisión de la Fiscalía de imputar cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por lo que serían las supuestas omisiones en el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, provocó una reacción inmediata del concejal de Bogotá, Andrés Barrios: que estuvo al lado del congresista aquel 7 de junio de 2025, cuando el joven político sufrió un atentado que, tras dos meses y cuatro días de lucha, terminó costándole la vida.
Barrios, integrante de la bancada del Centro Democrático y amigo cercano de Uribe Turbay, afirmó que desde hace meses venía alertando sobre graves fallas en los protocolos de protección que se registraban en el esquema del congresista y precandidato. “Desde junio de 2025 hice pública la negligencia, falta de garantías de seguridad, demoras, irregularidades y presiones por parte de la Unidad Nacional de Protección”, declaró Barrios en un mensaje en X.
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A su vez, el cabildante distrital insistió en que la falta de respuesta institucional, en especial de la UNP, quedó evidenciada tiempo antes del atentado. “Ahora, su director tendrá que responder por omisiones en el esquema de seguridad de nuestro líder y amigo, Miguel Uribe Turbay”, sostuvo el político capitalino, que aseguró haber expuesto ante la opinión pública y las autoridades la vulnerabilidad en la que se encontraba el senador durante aquella jornada.
Es válido destacar que Barrios, en diferentes relatos con los medios de comunicación, sostuvo que el día del atentado se encontraba junto a Uribe en el parque El Golfito, en Modelia, cuando un menor armado se acercó por la espalda y disparó contra el parlamentario del Centro Democrático. Tras el cruento suceso, acompañó a Uribe en la ambulancia hasta Medicentro Fontibón, a donde fue trasladado en primer lugar, y posteriormente a la Fundación Santa Fe.
Los argumentos de la Fiscalía para imputar al director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
La decisión de imputar cargos a Rodríguez responde a la presunta comisión del delito de prevaricato por omisión, pues el director de la UNP ignoró al menos 23 solicitudes formales de refuerzo de seguridad presentadas por Uribe entre 2024 y 2025, pese a que el senador contaba con un nivel de riesgo extraordinario; por lo que la investigación abarcaría aparentes irregularidades y el posible incumplimiento de protocolos para la protección de líderes políticos y sociales.
En efecto, la Fiscalía indicó que “no se clasificó correctamente el nivel de riesgo de Uribe ni se cumplieron los protocolos adecuados, a pesar de su nivel extraordinario”. Además de la imputación penal, Rodríguez enfrenta investigaciones disciplinarias por supuesta omisión en la protección de otros personajes y denuncias de corrupción en contratos de la entidad; pese a que el funcionario ha defendido su gestión y niega haber incurrido en negligencia.
La relación entre Barrios y Uribe trascendía la política. El concejal lo consideraba su “hermano de corazón”, mentor y amigo cercano. Tras el atentado, de hecho, el concejal denunció haber sufrido estrés postraumático y amenazas, situación que lo llevó a solicitar el fortalecimiento de su propio esquema de seguridad. Semana informó que Barrios manifestó sentirse perseguido y subrayó la importancia de que se investigue a fondo la actuación de la UNP.
El atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay
El atentado se registró cuando el senador participaba en un evento público sobre salud mental. Justo cuando se dirigía a los presentes, un adolescente de 15 años disparó a quemarropa, e impactó a Uribe Turbay en la cabeza, en dos ocasiones, y también en su pierna izquierda; en un suceso que alcanzó a quedar registrado en videos de algunos de los presentes, que grababan con celular al precandidato, y que detallaron cómo el joven fue capturado minutos después.
Uribe permaneció en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe hasta el 11 de agosto de 2025, fecha de su fallecimiento. Hasta el momento, la investigación señala a la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, como la responsable intelectual del crimen, bajo órdenes de alias Iván Márquez; y en octubre, las autoridades capturaron a Simeón Pérez Marroquín, “El Viejo”, que sería enlace entre los autores intelectuales y la banda que ejecutó el crimen.
A la fecha, al menos cinco de los nueve implicados en el caso negocian preacuerdos con la Fiscalía para colaborar con la justicia. Sin embargo, la imputación a Rodríguez marca un nuevo capítulo en la búsqueda de responsabilidades institucionales, por lo que Barrios no dudó en remarcar que la sociedad exige respuestas y medidas que garanticen la protección de quienes ejercen liderazgo político en el país, en vísperas de los comicios legislativos y presidenciales.
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