Una denuncia presentada el 20 de enero de 2025 reveló presión en los procesos de contratación y maniobras administrativas en la Superintendencia de Salud, con el objetivo de impulsar adquisiciones por compra directa en el Hospital de Maicao, ubicado en La Guajira.
Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores de Servicios y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue señalada como responsable de estas prácticas. Los denunciantes las describieron como coercitivas y asociadas a un posible conflicto de interés.
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De acuerdo con la denuncia anónima conocida por Infobae Colombia, funcionarios presentes en la reunión —representantes de hospitales públicos— fueron convocados y se reforzó la vigilancia en el recinto, restringiendo el acceso y la salida de los asistentes hasta que firmaran un compromiso de compras conjuntas.
“Asignaron vigilancia permanente e impidieron que entrara o saliera alguien, hasta que todos firmáramos el acuerdo”, relató la fuente a este medio.
Las instrucciones habrían sido categóricas: las adquisiciones, incluidas las de medicamentos y otros insumos médicos, solo podían realizarse mediante compra directa con el Hospital de Maicao, excluyendo la posibilidad de licitación pública.
Un participante afirmó: “No nos dejaban hacer compras mediante licitación; debía ser individual y directa”. También señaló que “las minutas contractuales estaban sesgadas”, debido a acuerdos específicos entre el hospital y proveedores a puerta cerrada, lo que eliminaba la competencia abierta.
Esta situación no sería inédita. En abril de 2025, según denuncias de ese momento, el esquema se habría repetido.
En un video difundido en redes sociales, se observa a un funcionario identificado como Mario Castro intentando explicar las dificultades relacionadas con trámites presupuestales pendientes. Sin embargo, Gómez Consuegra interrumpió y cuestionó su idoneidad con estas palabras: “¿Usted qué profesión tiene? Pues parece que no. Si es abogado y supiera lo que tiene que hacer y su trabajo... no estaría a estas alturas diciendo que tiene que sacar...”.
En ese contexto, Gómez Consuegra advirtió: “No voy a permitir que ustedes sigan tomando del pelo al país”.
Mientras Castro insistía en la imposibilidad legal de firmar sin el documento requerido, la superintendente habría vuelto a exigir una decisión sin demora: o se suscribía el compromiso en ese instante, o los responsables debían presentar su renuncia.
Quienes estuvieron presentes aseguraron que el proceder de Gómez Consuegra presuntamente desafía las directrices presidenciales y que actúa al margen de las instrucciones del superintendente Bernardo Camacho, amplificando así la percepción de arbitrariedad en la gestión administrativa y el distanciamiento respecto a los lineamientos del presidente Gustavo Petro para el sistema de salud colombiano.
La jornada habría cerrado con una advertencia inapelable: firmar sin más dilación o dejar el cargo, bajo un clima donde la negociación dejó de ser opción posible.
En ese ambiente, la sensación era de presión y falta de alternativas legítimas. Gómez Consuegra habría insistido: “La instrucción es firmar ahora, no mañana”.
Los presentes interpretaron esa exigencia como un impulso para formalizar contratos a dedo que consolidan proveedores exclusivos, dando pie al señalamiento de intereses personales y familiares vinculados al proceso.
Varios funcionarios expusieron la imposibilidad de firmar de inmediato, alegando la falta de certificado de disponibilidad presupuestal como un obstáculo ineludible para formalizar contratos públicos. Frente a este argumento, la respuesta fue: “Si usted es abogado y supiera su trabajo, no estaría todavía diciendo que necesita sacar un CDP”.
Uno de los presentes expresó: “Doctora, hoy es imposible que se firme ese contrato”. Recibió como contestación: “Con ustedes firmo ahora o me presentan la renuncia”.
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