La Corte Suprema de Justicia fijó para el 29 de enero la audiencia en la que se juzgará a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y figura del Partido Verde, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio y Semana, la decisión se tomó tras la radicación formal del escrito de acusación por parte de la Fiscalía.
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La Fiscalía sostiene que González habría integrado una estructura de corrupción en la Ungrd. Las investigaciones apuntan a un supuesto desvío de recursos públicos asignados a la gestión del riesgo, con el propósito de beneficiar a congresistas y asegurar respaldo político.
El ente acusador cuenta con registros obtenidos de celdas telefónicas y cámaras en la Casa de Nariño, donde se documentaron múltiples encuentros entre González y otros funcionarios, entre ellos Olmedo de Jesús López y Sandra Liliana Ortiz. Dichas reuniones habrían sido determinantes para la supuesta ejecución de los contratos señalados.
El proceso judicial contra González se reiniciará en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, en una audiencia programada para las 8:00 a.m.
El exfuncionario enfrenta cargos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, además de estar incluido en la lista roja de Interpol a solicitud de la justicia colombiana, como documentó Semana.
La decisión de la Corte Suprema de avanzar con el juicio ocurre poco después de que ese tribunal ratificara la orden de captura en contra de González y negara una tutela presentada por su defensa, que buscaba suspender la medida de aseguramiento que dispone su encarcelamiento.
El Tribunal Superior de Bogotá consideró que el exdirector del Dapre representaba un peligro para la sociedad y para el proceso judicial, según argumentos avalados por la Fiscalía.
La investigación, según los medios mencionados, describe a González como una de las piezas centrales en el esquema de corrupción. Olmedo López, exdirector de la Ungrd, lo señaló como el “cerebro” detrás de la estructura que habría utilizado la contratación pública para influir en decisiones legislativas a favor del Gobierno Petro.
Mientras avanza el proceso judicial en Colombia, González permanece en Nicaragua, adonde viajó y solicitó asilo político.
La presencia de González en Managua ha generado controversias, especialmente por su asistencia a eventos sociales en los que participaron representantes diplomáticos colombianos.
En cuanto a la respuesta de la defensa, el abogado Iván Cancino explicó en entrevista con Blu Radio que González no contempla regresar a Colombia, incluso si la Corte Suprema dicta una condena.
“Si lo condenan y el asilo sigue vigente, pues él tomará la decisión que creo será la de seguir asilado en Nicaragua”, sostuvo Cancino.
El abogado agregó que, mientras el asilo político permanezca, Colombia carecería de mecanismos para exigir la repatriación de González. Solo si el gobierno nicaragüense retira la protección, la justicia colombiana podría solicitar su retorno.
Cancino recalcó que su defendido comparecerá a las audiencias a través de medios virtuales y que no existe información sobre un eventual apoyo por parte del Gobierno colombiano para González en Nicaragua. La defensa mantiene la postura de inocencia y afirma que la estrategia legal no variará pese al avance del proceso.
Durante los últimos meses, otros funcionarios vinculados a la investigación por corrupción en la Ungrd han sido objeto de medidas judiciales.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, permanecen en prisión preventiva tras la decisión de un juez que consideró la existencia de riesgos procesales y de obstaculización de la justicia.
La Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación sobre dos fiscales delegados ante la Corte Suprema, ante la posibilidad de que demoras en el proceso hubieran facilitado la salida de González hacia Nicaragua.
El proceso judicial contra González continuará bajo la supervisión de la Corte Suprema, mientras autoridades colombianas y organismos internacionales vigilan el desarrollo del caso, uno de los más relevantes en la agenda política actual.
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