En un billete de $100.000 apareció publicidad política y el video desató la polémica en redes

Un video difundido en redes sociales durante los últimos días, puso en el centro de la conversación política a un elemento tan cotidiano como polémico, un billete. La imagen, breve y directa, no solo llamó la atención por su carga simbólica, sino porque en él aparece publicidad política de Luis Roberto Ordóñez, candidato a la Cámara de Representantes por Santander, avalado por el partido Liga de Gobernantes.

La pieza audiovisual, que se compartió principalmente en plataformas como X, Instagram y TikTok, muestra el billete como único protagonista. No hay explicaciones adicionales ni mensajes hablados, pero el nombre del candidato y su aspiración política resultan claramente identificables. Ese detalle fue suficiente para que el video trascendiera como un simple contenido viral y se convirtiera en noticia.

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La aparición de propaganda política en un billete encendió de inmediato el debate sobre los límites de las campañas electorales y el uso de símbolos sensibles para hacer proselitismo. Para muchos usuarios, el mensaje resulta provocador en un país donde el dinero está históricamente ligado a cuestionamientos sobre la transparencia electoral, la compra de votos y el financiamiento de campañas.

El contexto en el que circula el video no es menor. A medida que se acercan los tiempos electorales, los movimientos políticos comienzan a intensificar su presencia en el espacio público y digital. En ese escenario, la creatividad y el impacto visual se convirtieron en herramientas clave para captar atención, incluso si eso implica moverse en terrenos incómodos o polémicos.

Aunque el video no formula acusaciones ni discursos explícitos, el uso de un billete como soporte de publicidad política tiene una fuerte carga simbólica. En la percepción ciudadana, el dinero no es un elemento neutral dentro de la política. Por el contrario, suele asociarse con prácticas irregulares que han minado la confianza en las instituciones y en los procesos democráticos.

Las reacciones en redes sociales fueron divididas. Algunos usuarios cuestionan la estrategia y advierten que puede reforzar la desconfianza hacia la política, al asociar de manera directa campañas y dinero. Otros, en cambio, defienden el recurso como una forma disruptiva de hacer publicidad en un entorno donde captar atención se ha vuelto cada vez más difícil.

Reglas en campañas políticas según la MOE

En medio del ambiente preelectoral que empieza a sentirse en todo el país, conocer qué está permitido y qué no en las campañas electorales en Colombia se vuelve clave tanto para candidatos como para ciudadanos. Más allá de consignas y promesas, la ley fija reglas claras que buscan garantizar competencia justa, transparencia y respeto por el elector.

La normativa electoral colombiana permite la propaganda política una vez se abre oficialmente el calendario electoral. Desde ese momento, los aspirantes pueden difundir sus mensajes a través de medios impresos, vallas, redes sociales, reuniones públicas y piezas publicitarias, siempre que estén debidamente identificadas y financiadas dentro de los topes establecidos por la autoridad electoral. También está permitido el uso de redes sociales y plataformas digitales, siempre que no se incurra en desinformación, ataques personales o publicidad engañosa.

Las reuniones, mítines y eventos proselitistas son legales, así como la entrega de volantes, afiches y material promocional, siempre que no se haga en lugares prohibidos como centros educativos, hospitales, sedes judiciales o edificios públicos. La ley también autoriza el debate público y la confrontación de ideas, entendidas como parte esencial de una democracia sana.

Sin embargo, hay límites claros. Está prohibido utilizar recursos públicos para favorecer campañas, presionar a funcionarios o ciudadanos para votar por determinado candidato, o condicionar beneficios sociales al apoyo político. Tampoco se permite la compra de votos, la entrega de dinero, regalos o dádivas a cambio de apoyo electoral, ni el uso de símbolos religiosos o mensajes que inciten al odio, la violencia o la discriminación.

Otro punto clave es la publicidad anticipada. Promocionar candidaturas antes del inicio oficial de la campaña puede acarrear sanciones económicas e incluso la pérdida de la inscripción. Además, la difusión de encuestas debe cumplir requisitos específicos y respetar los tiempos fijados por la ley.

Estas reglas no buscan limitar la participación, sino protegerla. Entenderlas permite a los ciudadanos identificar prácticas irregulares y exigir campañas más limpias, donde el voto sea una decisión informada y libre, no el resultado de presiones ni atajos ilegales.