Las centrales sindicales y organizaciones de pensionados que integran el Comando Nacional Unitario anunciaron movilizaciones en todo el país para respaldar el decreto del salario mínimo para 2026 expedido por el Gobierno nacional.
La convocatoria establece una jornada de concentraciones simultáneas en las principales ciudades, con punto de encuentro frente a los Palacios de Justicia y una hora unificada de inicio a las 10:00 a. m.
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El llamado fue realizado mediante un comunicado conjunto, firmado por representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y las confederaciones de pensionados CDP y CPC. En el documento se defiende la legalidad del decreto presidencial y se rechazan las acciones promovidas por sectores empresariales y políticos en contra del aumento fijado.
Además, las organizaciones sindicales informan que la movilización nacional se llevará a cabo el miércoles 28 de enero de 2026, con el objetivo de expresar respaldo público al salario mínimo decretado y de manifestar oposición a cualquier intento de reversarlo por vías jurídicas o políticas.
Según el comunicado, la decisión de convocar a manifestaciones responde a lo que las organizaciones describen como una ofensiva contra el decreto del salario mínimo 2026. En ese sentido, el texto señala: “El Comando Nacional Unitario conformado por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC, rechaza de manera categórica la ofensiva del empresariado y gremios económicos cicateros, la oligarquía más regresiva y el uribismo, que pretende tumbar el salario mínimo decretado para 2026”.
Las centrales sostienen que la defensa del decreto se realizará en distintos escenarios y anuncian que la movilización social es una de las acciones previstas. La convocatoria tiene carácter nacional y está dirigida tanto a trabajadores activos como a otros sectores sociales que, según las organizaciones firmantes, se verían beneficiados por el incremento del salario mínimo.
Argumentos sobre la legalidad del decreto
En el pronunciamiento público, el Comando Nacional Unitario expone las razones por las cuales considera que el decreto del salario mínimo para 2026 se ajusta al marco legal vigente. De acuerdo con el texto, “El decreto es plenamente legal y constitucional”, y se apoya en las normas que regulan el funcionamiento de la Comisión Nacional de Concertación.
Las organizaciones recuerdan que la ley establece la facultad del Gobierno nacional para fijar el salario mínimo cuando no se alcanza un acuerdo entre empresarios y trabajadores. En esa línea, el comunicado afirma que el decreto desarrolla el artículo 53 de la Constitución Política, el cual consagra el principio del salario mínimo vital y móvil.
Asimismo, el documento menciona estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con ingresos dignos y salarios vitales, citados como respaldo técnico a la decisión adoptada por el Ejecutivo.
El comunicado también incluye cifras sobre el impacto del aumento decretado para 2026 frente a la propuesta presentada por el sector empresarial durante la negociación. Según el texto, “El aumento decretado para 2026 representa una diferencia mensual de $223.737 frente a la propuesta empresarial del 7%. Esto equivale a $2.684.844 adicionales al año para cada trabajador”.
Las organizaciones señalan que este ingreso adicional tendría un efecto directo en el presupuesto de los hogares, al destinarse a gastos como alimentación y transporte. En el mismo apartado, se afirma que desde 2022 el salario mínimo ha crecido por encima de la inflación, mientras indicadores como el desempleo, la pobreza y la informalidad han mostrado descensos, con creación de empleo en sectores específicos de la economía.
En relación con la inflación, el comunicado sostiene que el incremento del salario mínimo no es el factor determinante del aumento de precios y hace referencia a otros elementos, como decisiones empresariales y costos de producción no salariales. También se menciona la expedición de actos administrativos orientados a desindexar diversos bienes y servicios del salario mínimo, incluyendo copagos, cuotas moderadoras, multas, comparendos y arriendos.
Finalmente, el texto advierte que las organizaciones mantendrán la defensa del decreto en los ámbitos político, jurídico y de movilización social. “No permitiremos retrocesos: este logro se defenderá en el plano politico, jurídico y con la más amplia movilización social. No pasarán”, señalaron los sindicatos.
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