El presidente Gustavo Petro enfrenta críticas por la contratación de abogados extranjeros para su defensa y la de la primera dama, Verónica Alcocer, por un valor cercano a $10.000 millones. La decisión ha generado un intenso debate político y mediático sobre el uso de recursos públicos en asuntos personales del mandatario.
El contrato, firmado a inicios de enero de 2026, busca la asesoría de la firma Amadeus Consultancy Limited para temas relacionados con la inclusión de la pareja presidencial en la llamada “Lista Clinton”.
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El sábado 17 de enero, la periodista Salud Hernández-Mora denunció que el acuerdo representa un gasto equivalente a 2,6 millones de dólares, y lo calificó como un manejo indebido de recursos públicos: “Petro firmó contrato con abogados gringos para pagarles ¡10 mil millones! para asesoría para él y Verónica por la Lista Clinton. En solo 4 meses: de enero a abril. Este gobierno es abusivo y corrupto”.
Frente a estas acusaciones, Petro sostuvo que la oposición buscaba presionar internacionalmente al país, señalando que los ataques no eran únicamente políticos sino que incluían presiones y amenazas: “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff, querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Críticas desde distintos frentes
La polémica despertó reacciones inmediatas de políticos y líderes de la oposición. El precandidato presidencial Daniel Palacios escribió en X: “No señor, en la OFAC está Gustavo Petro como persona natural, no la presidencia de Colombia. Entonces ese ‘nos costó’ somos muchos, sus problemas personales con la justicia americana no son un problema de Colombia. Su defensa es personal no institucional, no sea abusivo”.
La senadora María Fernanda Cabal también expresó su rechazo: “¿Eso nos costó? No Petro, usted deberá responder ante la justicia. Los colombianos no tenemos porqué pagar su pésimo actuar, favoreciendo criminales con diálogos de paz y sin persecución al narco“.
Agregó: “Tendrá tarde o temprano que regresar los 2,6 millones de dólares que gastará de la plata de los colombianos, para su defensa y la de su familia”.
A su turno, el exministro de Justicia Wilson Ruiz criticó el uso de recursos públicos en medio de carencias sociales: “Petro está muy equivocado si cree que los colombianos debemos pagarle los 2,6 millones de dólares que vale su defensa y la de su familia para que lo saquen de la lista Clinton. Mientras la gente se muere por falta de salud y medicamentos, no hay plata para vivienda, no hay presupuesto para seguridad, Petro gastando la plata de los colombianos”, escribió en X.
Intervención de la Procuraduría
En medio de la polémica, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) tras la denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda. La congresista enfatizó que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a asuntos del Estado y no a la defensa personal de un mandatario:
“Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa. Los recursos públicos son recursos sagrados y se tienen que respetar”, Señaló Miranda en X.
Frente al cuestionado contrato, identificado como No. 001 de 2026, que tiene vigencia entre el 9 de enero y el 30 de abril, la Procuraduría advirtió que no se exigieron garantías de cumplimiento, lo que aumenta el riesgo fiscal y patrimonial para el Estado. Durante la investigación, el ente de control fiscal solicitó a Dapre antecedentes del proceso, copias de documentos y las justificaciones legales que respaldan la contratación directa, con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas.
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