La expansión de grupos armados ilegales pone en riesgo las elecciones en Colombia: este es el panorama regional

La amenaza de grupos armados ilegales sobre las elecciones Colombia 2026 se traduce en una coacción directa a millones de votantes y candidatos en regiones extensas del país.

El control territorial criminal, que hace cuatro años abarcaba 150 municipios, ahora supera las 600 localidades, según información recabada por Semana. Esta expansión sin precedentes incrementa de forma significativa los riesgos para la democracia, a meses de los comicios al Congreso y la presidencia.

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En departamentos como Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta, las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra ejercen una llamada gobernanza armada ilegal.

Imponen reglas, restringen la movilidad, deciden quién puede ser candidato y amenazan con muerte o desplazamiento a los que desafían sus órdenes. Las estimaciones obtenidas por Semana, advierten que casi nueve millones de personas residen bajo este clima de constreñimiento electoral.

La consolidación de esa coacción incluye carnetización forzada, control de horarios y la presencia de hombres armados cerca de los puestos de votación.

Testimonios documentados por el mencionado medio reportan comunidades obligadas a sufragar bajo vigilancia armada, mientras las juntas de acción comunal, sometidas a amenazas, entregan listados de habitantes y posibles tendencias electorales.

Un líder social del Catatumbo relató: “Acá solo pueden hacer campaña los políticos que ellos digan”. Grabaciones entregadas a la justicia exhiben a cabecillas ordenando apoyo masivo a una candidata, bajo advertencia de represalias.

Esta intervención afecta de modo directo la libertad de voto. En lugares como Jamundí, Cauca y Nariño, la votación en bloque impuesta por grupos armados es recurrente.

Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz, relató a Semana: “El miedo ya no es solo miedo, es terror… La posibilidad de denunciar es prácticamente inexistente”. Según Tabares, resulta imposible hablar de voto libre en esos territorios rurales.

El modus operandi de estas estructuras comprende vigilancia previa y posterior a la elección, perfilamiento de candidatos y bloqueo a la presencia de opositores. En el Cesar, denuncias recogidas señalan que los nuevos grupos asociados al Clan del Golfo cercan zonas rurales, impidiendo la competencia política real.

Habitantes de Barranquilla, consultados por el medio, sostienen que “solo algunos” candidatos logran entrar, mientras otros son expulsados con violencia. “La gente tiene miedo y miedo de participar en política”, contó un líder desplazado.

La presión armada, además, se ha trasladado a contextos urbanos. Barrios de Medellín, Barranquilla y Soledad experimentan actos de proselitismo controlados, con campañas favorecidas y financiamiento ilegal vinculado al narcotráfico. De allí que, ante este escenario, el exministro de Defensa Diego Molano advirtió: “Lo más factible es que tengamos elecciones bajo la sombra del fusil”.

Las autoridades han solicitado medidas urgentes. Los gobernadores, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos, enviaron una comunicación al Gobierno Nacional reclamando consejos de seguridad y acciones específicas dentro del Plan Democracia, con el objetivo de contener el control armado de los territorios y proteger el derecho al voto.

La Registraduría Nacional prevé instalar 7.450 puestos de votación rurales; no obstante, reconoce que por lo menos 104 municipios presentan alertas graves por riesgos políticos y armados.

La Defensoría del Pueblo, representada por Iris Marín, subrayó en diálogo con el medio mencionado la necesidad de respuestas diferenciadas, por la fragmentación y diversificación de los actores ilegales. Por otro lado, la MOE instó a garantizar la protección de funcionarios, materiales electorales y a ejecutar despliegues operativos de la fuerza pública antes y durante los comicios.

Desde Indepaz, Leonardo González manifestó que la gobernanza armada ilegal determina la vida comunitaria y política en múltiples regiones. Los grupos criminales no solo restringen campañas: seleccionan candidatos, atacan puestos de votación y llegan a controlar aspectos de organización local. El temor, destacó González, paraliza pueblos enteros.

Los datos oficiales perfilan un grave retroceso democrático. Pese al acuerdo de paz de 2016, la escalada de violencia política y hechos relacionados aumentó un 179% entre 2022 y 2025, según la MOE. En Cauca, Valle, Nariño, Putumayo y Antioquia, la presencia de estructuras armadas converge con altas tasas de participación electoral inducida y peligrosidad creciente. Las condiciones de pobreza y debilidad institucional, sumadas al control criminal, configuran un escenario sin precedentes y en expansión.

Así, en amplias regiones de Colombia, la decisión ciudadana sigue determinada por el miedo. Donde la autoridad real emana de quienes dominan el territorio, el ejercicio democrático deja de existir y la voluntad del electorado queda supeditada a la presión armada.