La exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez se pronunció de manera satisfactoria en sus redes sociales tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir una indagación disciplinaria por el contrato millonario que cubriría la defensa personal e internacional del presidente Gustavo Petro, debido a su inclusión en la temida lista Clinton.
Desde su mirada, la actuación del órgano de control respondió a una exigencia ciudadana que, a su juicio, exige claridad sobre acuerdos financiados con dinero estatal. Ramírez celebró que el Ministerio Público avanzara con una revisión formal y consideró que la medida envió un mensaje del valioso trabajo de las mujeres en la política.
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En su cuenta de X, Ramírez respondió directamente al anuncio de la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, que fue la persona que insistió de manera legal para que se adelantara dicha investigación por parte de la Procuraduría y la Contraloría.
La exvicepresidenta escribió: “Enhorabuena varias mujeres políticas se están tomando en serio su labor de poner frenos al poder y al abuso con los recursos públicos para temas personales del presidente y su entorno!! Eso es Peculado!”.
Para Marta Lucía Ramírez, la apertura de la indagación confirmó la pertinencia de los controles y validó las alertas tempranas sobre el contrato. Su reacción pública no solo celebró la actuación del Ministerio Público, sino que reafirmó su postura opositora frente al Gobierno y su llamado a que cada peso del presupuesto responda a fines institucionales verificables.
Katherine Miranda y su solicitud ante los organismos de control
Y es que la solicitud legal de Katherine Miranda se originó mientras se mantenía la atención sobre varios contratos firmados por entidades del Gobierno, sobre todo el de los 10.000 millones de pesos a la firma Amadeus Consultancy Limited para prestar defensa internacional y asesoría jurídica especializada al presidente Gustavo Petro, tras su inclusión en la lista Clinton, sanción económica, en su caso por narcotráfico; el acuerdo quedó a cargo del abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik.
Según la minuta contractual divulgada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el objeto del acuerdo consiste en una “asesoría jurídica altamente especializada en defensa jurídica internacional”, enfocada en el análisis normativo, estratégico y técnico del régimen de sanciones financieras que afecta al jefe de Estado.
El documento señala que la Presidencia no contaba con personal interno capacitado para atender este tipo de procesos ante autoridades extranjeras.
Procuraduría revisa posibles irregularidades del Dapre
Frente al llamado legal que hizo la congresista del Partido Verde, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal ordenó la indagación “en averiguación de responsables” vinculados al Deapre. El objetivo apunta a establecer si en el trámite del contrato surgieron irregularidades desde la óptica disciplinaria.
El documento del ente de control indicó de manera expresa: “Iniciar indagación previa en averiguación de responsables vinculados al Dapre, acorde con lo señalado en la parte motiva”. Además, añadió: “Practicar la prueba ordenada en el título IV. de esta decisión”.
El texto cerró con instrucciones administrativas claras: “Realizar por la secretaría de esta delegada las siguientes actuaciones: Elaborar y enviar el oficio pertinente solicitando las pruebas ordenadas. Hacer las anotaciones de rigor”.
La comunicación oficial de la Procuraduría aclaró otro punto relevante para el proceso. Se lee: “por iniciarse en averiguación de responsables, no es susceptible de ser notificada en este momento”; esa precisión reforzó el carácter preliminar de la actuación disciplinaria y delimitó el alcance de la etapa inicial.
Tras la aceptación de la petición, la representante Miranda acudió a sus redes sociales para informar públicamente la decisión y hacer el anuncio correspondiente: “Gracias a nuestra denuncia, la Procuraduría abrió indagación por el contrato de $10.000 millones para pagar con nuestros impuestos la defensa personal de Petro y Verónica Alcocer por la Lista Clinton (sic)”.
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