María Fernanda Cabal mostró su apoyo a los gobernadores que se oponen al decreto de emergencia económica: “Es inconstitucional”

La senadora María Fernanda Cabal se unió a las inquietudes de los gobernadores con respecto al ya vigente paquete de decretos que integran la medida de Emergencia Económica, impulsada por el presidente Gustavo Petro .

Los gobernadores se reunieron en un catalogado “desacato” para discutir el no sometimiento a la medida económica, mientras se intensifica la confrontación con el Gobierno nacional por medidas como el incremento del IVA del 5% al 19%, asì como el incremento del impuesto al consumo.

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20 de los 32 gobernadores alegan inconstitucionalidad en la medida, y pretenden hacer una “tutelatón”, mientras la Corte Constitucional hace una revisión del decreto, a manos del magistrado Carlos Camargo.

Al respecto, la senadora Cabal escribió que espresa un “total apoyo a los 20 gobernadores que están usando la excepción de inconstitucionalidad contra el decretazo de emergencia económica”.

Explicó que “el artículo 362 de la Constitución no puede ser vulnerado por un decreto de Petro, que no sacia su apetito por la plata. Quitarles recursos a los departamentos como lo pretenden es inconstitucional”, agregó.

La Federación Nacional de Departamentos prepara acciones legales contra decreto de emergencia

La decisión de 20 gobernadores de rechazar el decreto de emergencia económica impulsado por el Gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro pone en evidencia una profunda preocupación por el impacto fiscal y social que esta medida puede acarrear en los territorios.

Según Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, la centralización de las rentas provenientes de licores y cigarrillos privaría a las regiones de recursos indispensables para sectores como salud, educación y deporte, generando una crisis de desfinanciamiento que amenazaría los servicios esenciales.

En los momentos finales de la entrevista que Toro concedió a Caracol Radio – W, la dirigente regional recordó que la intención de los mandatarios regionales no es confrontar al gobierno nacional, sino advertir al país sobre las consecuencias de aplicar el decreto.

“El objetivo no es confrontar ni pelear, es decirle al país lo que nos está pasando y lo que va a pasar si se aplica ese decreto”, afirmó la gobernadora.

Señaló que los mandatarios ya preparan acciones jurídicas y tutelas, con el respaldo de estudios de derecho, para defender su autonomía y lo que consideran derechos fundamentales.

Uno de los argumentos centrales planteados por Toro radica en la afectación directa de la ciudadanía. Explicó que la centralización de estos tributos se traduciría en menores ingresos para los departamentos, dificultando la garantía de salud y educación.

A modo de ilustración, aseguró: “Una botella de aguardiente que hoy vale 40.000 pesos, va a subir casi a 70.000 pesos. ¿Cómo no va a haber contrabando? Y los recursos que salen se van para el gobierno central”.

Añadió que ante el déficit presupuestario, los efectos adversos alcanzarían la seguridad, la infraestructura y la atención social, pues las administraciones departamentales serían las primeras en sufrir las consecuencias y enfrentarían mayores exigencias: “Aquí cuando hay problemas de inseguridad, le echan la culpa a los gobernadores y a los alcaldes. Y resulta que nosotros tenemos que responder por absolutamente todas las cosas que tenemos que hacer para que las capacidades del Ejército y la Policía puedan darse. Sin recursos, aplicando el decreto, los recursos se llevan para el gobierno nacional y nosotros tenemos que responder”, remarcó.

En el análisis fiscal, la gobernadora del Valle del Cauca precisó que la renta proveniente de licores y cigarrillos es la principal fuente de ingresos propios de los departamentos. Informó de una disminución ya existente: “En el Valle del Cauca hemos disminuido nuestra renta en 40%. Esa renta es para pagar el régimen subsidiado”.

La mandataria indicó que, pese a la caída de esos recursos, la ley obliga a continuar financiando el régimen subsidiado, que obligaría a los gobiernos locales a recurrir a fuentes adicionales, situación inviable ante el actual contexto de contrabando y evasión. Según expuso Toro en la entrevista, uno de los problemas estructurales radica en que la Constitución cede dichas rentas a los departamentos y, por tanto, su centralización sería “inconstitucional”.

“Se basa en la autonomía nuestra, en la autonomía financiera. Además, es inconstitucional, porque es que la renta del cigarrillo y la renta del licor es una renta cedida a los departamentos constitucionalmente y los recursos se los van a llevar para Bogotá, para el río central”, detalló la gobernadora.