La recaptura de alias Limonero, un hombre que permaneció prófugo desde 2020 tras ser acusado de abuso sexual contra una menor de edad, puso fin a años de investigación y búsqueda.
Según la Policía, el sujeto había evadido a las autoridades luego de que, el 23 de julio de 2020, presuntamente cometiera el delito, siendo detenido inicialmente con el apoyo de la comunidad que reaccionó al llamado de auxilio de la víctima.
“Se logra la captura de una persona de aproximadamente 33 años por el delito de acto sexual violento agravado”, señaló Óscar Chauta, oficial de guarnición de la Policía Nacional.
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El seguimiento culminó en la plaza de mercado de Corabastos, ubicada en el sur de Bogotá, donde, de acuerdo con los registros de las autoridades, fue ubicado gracias a los controles desplegados en la zona. “Cabe resaltar que esta persona en el año 2020 se había fugado de la estación de policía de Fontibón y el día de hoy es recapturado y dejado a disposición de la autoridad competente”, puntualizó Chauta.
El fugitivo, cuyo arresto se produjo tras una orden judicial y labores de vigilancia en la localidad de Kennedy, había sido detenido en 2020, pero logró escapar el 13 de agosto de ese año de la estación de Policía, perdiéndose desde entonces el rastro para la fuerza pública.
Tras su detención, las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana. “Invitamos a la ciudadanía a informar a través de la línea uno, dos, tres, cualquier situación que afecte la tranquilidad y comercio ciudadano”, exhortó nuevamente Óscar Chauta. Finalmente, alias El Limonero fue enviado a prisión y deberá cumplir una condena de once años y ocho meses por el delito cometido.
Cuatro capturados por explotación sexual a menores
La incautación de dispositivos electrónicos con pruebas audiovisuales de abuso y explotación sexual infantil permitió a las autoridades en Colombia consolidar un caso que involucra a cuatro personas acusadas de distribuir material explícito de menores hacia el extranjero. Según informó la Fiscalía General de la Nación, la investigación reveló una estructura criminal que operaba en varias ciudades y se valía de aplicaciones digitales para comercializar videos y fotografías de sus víctimas.
Entre los hechos más graves que identificaron los investigadores aparece el caso de una mujer en Bogotá, señalada de transmitir en tiempo real los abusos cometidos contra sus propias hijas de cuatro y nueve años. La mujer recibía pagos que fluctuaban entre USD 600 y USD 2.000 por transmisión, según detalló la Fiscalía, y el dinero provenía de un contacto residente en Estados Unidos.
En la misma ciudad, la captura de una niñera destapó otra modalidad de explotación. La acusada habría aprovechado su cercanía y confianza para someter a dos menores, de dos y ocho años, a actos sexuales que registraba y luego difundía de forma electrónica. El material generado también circulaba fuera del país, ampliando el alcance del delito.
La operación, que contó con el respaldo de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), se extendió hasta Medellín.
Allí, una adulta mayor fue identificada por las autoridades como presunta promotora de la explotación sexual de su nieta, una adolescente de 15 años. Según las pesquisas, la joven era forzada a sostener relaciones con adultos en contra de su voluntad y las escenas quedaban grabadas para obtener réditos económicos.
En Ibagué, la Fiscalía responsabilizó a Albeiro Martínez Quevedo de almacenar y distribuir archivos con contenido sexual de menores, empleando sistemas de mensajería instantánea. La investigación determinó que, entre marzo y junio de 2025, el acusado acumuló y compartió numerosos archivos que evidencian los delitos imputados.
Los fiscales de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, conocidos como Uenna, presentaron ante los jueces un conjunto de pruebas obtenidas mediante análisis forenses a los dispositivos incautados. Estas pruebas robustecieron la imputación de delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía infantil, proxenetismo y demanda de explotación sexual de menores.
La Fiscalía aseguró que, tras la audiencia de imputación, los cuatro detenidos deben permanecer bajo medidas de aseguramiento en centro carcelario mientras el proceso judicial sigue su curso.
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