La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un enfático llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que refuerce la prevención y sanción de la violencia política ejercida contra las candidatas en Colombia, advirtiendo que esta problemática permanece lejos de resolverse, pese a los avances legales de los últimos años.
La preocupación del organismo electoral se acrecienta ante la persistencia de agresiones misóginas en el espacio público, como las dirigidas recientemente por Julio César González, conocido como Matador, contra el aspecto físico de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático.
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Alejandra Barrios, directora de la MOE, subrayó la trascendencia de este tema, al recordar que desde 2025 existe en el país un conjunto de normas diseñado para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
“En un estado democrático, las mujeres tienen que estar en el debate político. Buscar excluirlas a través del uso de violencia simbólica y psicológica que van dirigidas contra la condición humana, empobrece la conversación pública y refuerza los estereotipos de género”, expresó la funcionaria en un comunicado.
Para la organización, este patrón de agresión no es un hecho aislado, sino que revela la profundidad de los desafíos que enfrentan las mujeres en la política nacional.
Además, Barrios recordó que, para el proceso electoral del 2026, por primera vez regirá la Ley 2424 de 2024, que obliga a que las listas con menos de cinco curules incluyan al menos una mujer.
No obstante, datos recientes muestran que la proporción de candidatos inscriptos para el Congreso en 2026 mantiene las cifras registradas en 2022: 60 % de los aspirantes son hombres y 40 % son mujeres.
La tendencia descendente se acentúa en la Cámara de Representantes, donde el número de candidatas bajó en 4 %, pasando de 771 a 742 postulaciones. “Para el Senado, las brechas persisten: solo seis de las 16 cabezas de lista son mujeres”, añadió la MOE en la misiva.
Por último, la organización electoral insistió en la necesidad de reforzar los instrumentos jurídicos y sociales que aseguren la igualdad sustantiva en el acceso y la permanencia de las mujeres en el escenario político colombiano.
La polémica se originó el 13 de enero de 2026 cuando el humorista comparó una imagen de una paloma blanca con una fotografía de la senadora Paloma Valencia, acompañado de la frase: “La paloma que pides vs. la paloma que te llega”.
A esto se sumó un comentario adicional que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”.
Adicionalmente, Matador escribió: “Paloma Valencia, se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes. 230.000 pesitos. La derecha comiendo manjares y que los pobres coman mierda (sic)”.
La publicación fue interpretada por distintos sectores como una burla basada en la apariencia física de la congresista, lo que provocó una ola de críticas por presunta discriminación y violencia política contra la mujer.
Radican denuncia contra Matador
Posterior al hecho, en la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia contra el caricaturista y hoy candidato al Senado del Pacto Histórico.
La denuncia formal fue radicada por Mónica Gaitán, candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y exfiscal de Derechos Humanos, quien también llevó el caso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Como mujer y como líder social, rechazo enérgicamente este acto violento del señor González Quiceno, pero también tomo las debidas acciones legales en defensa de Paloma y todas las mujeres que queremos participar en política sin temor a ser discriminadas o agredidas”, manifestó la exfiscal.
Por su parte, el Centro Democrático insistió en que el partido que respalda a “Matador”, el Pacto Histórico, debería imponer sanciones disciplinarias al caricaturista. Gabriel Vallejo, director del partido, sostuvo que, de no actuar, el Pacto Histórico “se convertirá en cómplice de violencia política contra la mujer”.
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