Gremios estallaron contra el Gobierno Petro por aumentar deuda externa de Colombia: “Afecta las exportaciones”

La revalorización del peso colombiano en 2025 y sus impactos en la industria exportadora encendieron señales de alerta en diversos sectores productivos, que reclamaron al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, una revisión de sus políticas de endeudamiento ante el riesgo de pérdida de competitividad laboral y empresarial. Según los gremios firmantes, los efectos de esta revaluación alcanzan incluso a la capacidad instalada y la sustentabilidad del empleo formal en los principales polos exportadores del país.

En una misiva enviada, estas organizaciones reiteraron la urgente necesidad de “una senda creíble de consolidación fiscal, priorizando eficiencia y focalización del gasto, y una estrategia integral para fortalecer el recaudo, sin afectar la formalidad ni la competitividad”.

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Los firmantes, entre los que se destacan Acolfa, Acoplásticos, Analdex, Andesco, Andi, Asocolflores, Asoexport, Augura, Corpohass, Cotelco, Fedecafé y Fedeseguridad; subrayaron que la política de financiamiento público mediante nueva deuda y emisiones de bonos hacia el mercado local e internacional coincide con el proceso de apreciación del peso, impulsando fuertes corrientes de capital exterior.

De acuerdo con la carta, la apreciación cercana al 17% en un año —equivalente a casi $750 por dólar— tiene consecuencias directas sobre los empresarios del país. Las “recientes operaciones de financiamiento y manejo de deuda del Gobierno nacional, que han incluido colocaciones en el mercado local con alta participación de inversionistas extranjeros y operaciones en los mercados internacionales, han coincidido con una apreciación acelerada del peso”, señalaron los gremios al Gobierno nacional.

El documento también advierte que, al incrementarse la oferta de dólares por estas emisiones, la tasa de cambio cae y se abaratan las importaciones, lo que acaba por precipitar la sustitución de producción local por bienes externos y sitúa al productor nacional ante la competencia de mercancías a precios más bajos. Los gremios puntualizaron que esta situación “afecta directamente la competitividad de las empresas exportadoras, presionando márgenes, desincentivando inversiones y poniendo en riesgo el empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, que además enfrentan un incremento elevado en costos laborales y fiscales, en regiones donde la actividad exportadora es el principal motor económico”.

Entre los efectos futuros, los sectores productivos advirtieron sobre la “posibilidad de perder mercados que en un futuro pueden ser difíciles de recuperar”, así como el comienzo de un proceso de desinversión para la industria nacional. Señalan, además, que el financiamiento vía deuda podría estar reemplazando decisiones estructurales necesarias en materia de ajuste fiscal:

“Aplazar el control del gasto público, en un escenario de recaudo tributario insuficiente, no es responsable, pues aumenta la dependencia de nuevas emisiones, eleva la vulnerabilidad fiscal y traslada costos al sector productivo, mediante una tasa de cambio apreciada, menor rentabilidad exportadora y riesgos sobre inversión y empleo”, según la misiva.

Los gremios concluyeron la carta solicitando una revisión integral de las políticas económicas asociadas tanto al financiamiento del Estado como al manejo del tipo de cambio, remarcando la necesidad de evitar medidas que intensifiquen la presión sobre la estructura productiva nacional.

Corte Constitucional inicia revisión del decreto de emergencia económica

El estudio formal de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica comenzó, con el proceso bajo la responsabilidad del magistrado Carlos Camargo Assis, que actuará como magistrado sustanciador y ordenó una revisión amplia de la decisión excepcional adoptada por el Gobierno Petro.

El alto tribunal destacó que el análisis determinará si las razones presentadas por el Gobierno nacional, entre ellas la falta de liquidez fiscal, el endeudamiento, problemas en la seguridad ciudadana, la ausencia de una ley de financiamiento y recientes desastres naturales, pueden ser calificadas como hechos imprevisibles, extraordinarios y sobrevinientes o, por el contrario, constituyen situaciones estructurales del Estado.

Este control, que tiene carácter automático y obligatorio, está orientado a verificar si el decreto cumple con todos los estándares constitucionales y legales requeridos. Para avanzar en el proceso, el magistrado Camargo Assis dispuso la recolección de pruebas técnicas y pidió la opinión de expertos económicos y de distintas entidades públicas y determinar si realmente existía justificación para declarar un estado de excepción.

Según el documento oficial, la apertura de este trámite no significa que el órgano constitucional haya emitido aún un aval o rechazo respecto a la declaratoria de emergencia, sino que corresponde al mecanismo institucional previsto para este tipo de casos.