Frente a las denuncias por lo que sería el aumento desmesurado en el precio del transporte intermunicipal en la sabana de Bogotá y las poblaciones aledañas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, solicitó el miércoles 14 de enero de 2026 la intervención de la Superintendencia de Transporte ante el aumento, según el mandatario seccional, de hasta 30% en las tarifas. Una problemática que se registraría no solo en esta región del país, sino en otras latitudes.
El ajuste, aplicado por varias empresas que cubren rutas desde la capital de la República hacia municipios cercanos, y viceversa, ha generado protestas, bloqueos anunciados y reclamos de la comunidad; mientras que Rey, en su pronunciamiento, insistió en que no tienen competencia directa sobre los precios. Aunque ello no le impidió expresar su inconformismo frente a lo que sería esta situación, que se ha expuesto en las plataformas digitales.
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En sus declaraciones, expresadas en redes sociales, Rey explicó que la Gobernación no regula los precios del transporte intermunicipal. “La Gobernación ni ninguna alcaldía para establecer las tarifas de transporte intermunicipal. Estas tarifas son determinadas por las mismas empresas de transporte público basadas en criterios de libertad tarifaria que ha establecido la misma normatividad vigente”, afirmó el mandatario, que le salió al paso a la controversia.
Los precios afectan rutas estratégicas como Bogotá-Chía, en donde el pasaje ronda los $10.500 hacia la capital. Los trayectos internos o hacia puntos centrales de Chía se ubican cerca de los $8.000, mientras que la ruta Bogotá-Zipaquirá varía entre $8.000 y $13.000, dependiendo del tipo de servicio. Por su parte, viajar desde Bogotá a Facatativá cuesta más de $8.300, y hacia municipios como Tausa y Sutatausa los precios alcanzan $10.500 y $14.500.
Frente a esto, la reacción ciudadana no se hizo esperar. Usuarios de los corredores de la Sabana de Occidente y el centro del departamento alertaron sobre incrementos superiores al 30%, en un malestar se intensificó tras el anuncio de bloqueos y manifestaciones en diferentes puntos, impulsados por la percepción de que los nuevos valores superan la capacidad de pago, sobre todo para los ciudadanos que viajan diariamente por motivos laborales.
Gobernador de Cundinamarca exigió acciones para control de precios en la sabana
Teniendo en cuenta este panorama, Rey precisó que la normativa vigente exige a las empresas sustentar los incrementos en estudios técnicos, los cuales deben estar disponibles para consulta de la ciudadanía. “Las empresas deben adelantar estudios técnicos que den claridad del porqué de estos incrementos, del porqué de estas tarifas. Estos estudios deben publicarlos para el conocimiento de sus usuarios o del público en general”, sostuvo el gobernador.
Así pues, el gobernador solicitó a la entidad nacional que verifique si los aumentos cumplen con los requisitos legales y si los estudios técnicos existen y han sido socializados. “Hemos pedido que se realice inspección, vigilancia y control sobre la aparente exorbitante alza que en algunos municipios se viene presentando y además que revise el eventual incumplimiento por no tener los estudios respectivos que amparen estos incrementos y su debida publicación”.
Al respecto, las empresas que prestan el servicio argumentaron que el ajuste en las tarifas del transporte intermunicipal responde al alza en los costos operativos y al incremento del salario mínimo decretado para 2026: del 23,7% de acuerdo con la determinación del presidente de la República, Gustavo Petro. Sin embargo, la comunidad ha sostenido que las nuevas tarifas superan sus capacidades, cuando en algunos casos ganan menos del mínimo.
En el caso de Bogotá, el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) también aumentó su tarifa a $3.550 desde el miércoles 14 de enero; es decir, 350 pesos más del valor fijado para 2025. La preocupación está en los que requieren transbordos entre sistemas intermunicipales y urbanos, pues el costo total del viaje se volverá aún más costoso: pues la tarifa inicial sufrió un reajuste debido al anuncio hecho por Petro del mínimo, que sobrepasó las previsiones.
Frente a esto, la Gobernación de Cundinamarca reiteró su llamado a las empresas prestadoras a actuar con transparencia y responsabilidad. Por su parte, los usuarios que se vean afectados por esta problemática podrán comunicarse con la línea gratuita nacional 018000 915 615 de la Superintendencia de Transporte para presentar quejas o denuncias frente a cualquier irregularidad en la prestación del servicio.
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