Gobernador de Antioquia enfrentaría sobrecostos millonarios por decreto de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su preocupación por el impacto negativo que tendría la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional en las finanzas regionales.

El mandatario advirtió que las medidas adoptadas desde finales de 2025 afectarían especialmente a los departamentos, al aumentar la carga financiera sobre las administraciones territoriales.

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En entrevista con Caracol Radio, Rendón calificó la decisión como un “decretazo” que, en sus palabras, busca “cuadrar la caja del Gobierno Nacional a costa de las regiones más vulnerables”.

El gobernador aseguró que Antioquia enfrentaría un incremento de más de 700.000 millones de pesos en gastos adicionales como resultado del aumento del salario mínimo, cifra que, indicó, equivale a casi cinco veces la inflación registrada en el mismo periodo.

Rendón también expresó inquietud por la situación de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). El mandatario departamental explicó que, debido a los nuevos lineamientos fiscales, la FLA deberá transferir recursos directamente al Gobierno Nacional, en lugar de realizar los tradicionales giros de impuestos de consumo a la gobernación o a otros departamentos donde comercializa sus productos.

“Este año, solo la Fábrica de Licores, en vez de girarle el hipoconsumo a la Gobernación de Antioquia o a otros departamentos donde vende licor, tiene que girarle al Gobierno Nacional”, afirmó textualmente el gobernador.

Como contexto, el Decreto 1474 de 2025 introdujo nuevos impuestos que afectan diversos productos, lo que, de acuerdo con voces regionales, podría agravar la situación financiera de las administraciones subnacionales.

El impacto de estas medidas ha sido motivo de preocupación no solo para Antioquia, sino también para otros departamentos y organizaciones gremiales. El Consejo Gremial advirtió que la emergencia económica y la creación de nuevos gravámenes pueden desincentivar la inversión y limitar el desarrollo regional.

Durante la entrevista, el gobernador reiteró que las decisiones del Gobierno Nacional generan una presión desproporcionada sobre los entes territoriales, en particular sobre aquellos con mayores obligaciones sociales y fiscales.

Rendón insistió en que las recientes disposiciones “castigan a las regiones”, al transferir responsabilidades fiscales sin una compensación suficiente para los departamentos afectados.

Empresarios piden frenar decreto de emergencia económica por temor a baja en inversión

La emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional y los nuevos impuestos, de la misma manera, generaron inquietud en el sector empresarial colombiano.

En detalle, el Consejo Gremial solicitó a la Corte Constitucional suspender provisionalmente la medida, argumentando que la estabilidad jurídica y la confianza en el entorno de negocios se ven amenazadas.

La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, advirtió en diálogo en el medio explicó que el uso de la emergencia económica debería reservarse solo para situaciones excepcionales y que no constituye un instrumento ordinario de política fiscal.

“Para los empresarios del país, la estabilidad jurídica es uno de los activos más importantes y que debemos proteger, porque a su vez protegen el empleo, protegen la inversión y protegen el crecimiento”, afirmó Gutiérrez.

La carta enviada por el Consejo Gremial a la Corte Constitucional solicita que se evalúe la suspensión del decreto, que impone gravámenes sobre sectores como los licores, cigarrillos, juegos de suerte y azar en línea, e incrementos al patrimonio.

Según la dirigente, estas decisiones pueden tener efectos irremediables sobre la inversión de largo plazo en Colombia.

La líder gremial manifestó preocupación por los impuestos aplicados al sector minero energético, específicamente en minería y petróleo. Gutiérrez se refirió a un pronunciamiento previo de la Corte que impedía tratar las regalías como un costo y señaló que la nueva normativa retoma ese enfoque.

“Estas medidas, sobre todo las del sector minero energético, que ya la misma Corte había dicho que las regalías no se podían tratar como un costo, pues aquí se vuelven a retomar”, puntualizó en la entrevista.