Las denuncias por genocidio nasa contra alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc – Estado Mayor Central (EMC), han puesto bajo el foco internacional la grave situación del pueblo indígena en el norte del Cauca.
Entre 2022 y 2025, la Fiscalía General de Nación documentó al menos 43 asesinatos de miembros de esta comunidad, mientras que autoridades indígenas sostienen que las víctimas son más de 50.
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La reciente acción del presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI) reforzó la acusación y busca que estos crímenes sean investigados como de lesa humanidad.
En diciembre de 2025, la Fiscalía formalizó la imputación contra Iván Mordisco por encabezar un plan sistemático de exterminio atribuido al EMC. El expediente recoge homicidios cometidos en municipios clave del Cauca, incluyendo Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló.
La ofensiva criminal incluyó asesinatos selectivos, desplazamientos, confinamiento forzado y ataques nocturnos, donde fueron víctimas comuneros, autoridades ancestrales, firmantes del Acuerdo de Paz y sabedores tradicionales.
Según cifras de la Fiscalía citadas por El Espectador, los 43 asesinatos se produjeron en un ambiente de violencia acentuada, con el Frente Dagoberto Ramos del EMC como principal responsable.
Sin embargo, las organizaciones indígenas elevan el registro: superan los 50 homicidios desde 2022, ya que algunos casos quedaron sin plena atribución judicial. Además, el documento presentado por el presidente Petro ante la CPI sostiene que el grupo de Iván Mordisco generó desplazamiento forzado y confinamiento, agravando la ruptura del tejido social nasa.
La violencia ha afectado a líderes como Guillermo Chicame, Carmelina Yule Pavi y José Albeiro Camayo Güetio; a médicos tradicionales, a jóvenes activistas ambientales y a menores de edad.
Entre los métodos empleados figuran secuestros familiares, ataques a residencias, emboscadas y asesinatos a plena luz del día en espacios públicos.
Según información conocida por El Espectador, a través de las investigaciones se han identificado casos paradigmáticos: familias diezmadas, mujeres y sabedores ancestrales asesinados, y atentados contra firmantes del Acuerdo de Paz involucrados en procesos de reincorporación.
El reclutamiento forzado de menores es otra dimensión central del genocidio, según los reportes analizados por El Espectador. La Defensoría del Pueblo reportó 184 casos de menores reclutados en Colombia en 2023, de los cuales 125 ocurrieron en el Cauca.
En el primer semestre de 2025, de 55 menores indígenas reclutados en el país, 25 casos corresponden al Cauca y el EMC figura como el principal responsable, con 29 episodios confirmados en ese periodo.
La inclusión de menores indígenas en estos crímenes fue destacada en la denuncia ante la CPI, mostrando la gravedad de los delitos contra la infancia nasa. Voces del territorio, como la del director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, advirtieron que el reclutamiento forzado es un mecanismo de exterminio étnico.
“El pueblo nasa resiste desde hace décadas a grupos armados que usan sus territorios y, ahora, a la pérdida y muerte de sus niños y niñas”, señaló Yule a El Espectador.
Testimonios recogidos por el medio también reflejaron el profundo impacto de la violencia en las comunidades. Ermes Evelio Pete Vivas, congresista nasa, expresó su indignación tras el asesinato del comunero Eduardo Campo Chá.
“Soy del Pacto Histórico, estoy en este proceso del presidente Gustavo Petro, pero eso no me impide alzar mi voz contra la violencia que afecta a mi familia Nasa por parte de las disidencias”, afirmó en entrevista con El Espectador.
Entretanto, la respuesta del Estado frente a Iván Mordisco ha involucrado operativos militares y el ofrecimiento de recompensas por su captura, que supera los $5.000 millones de pesos.
Aunque se intentó un cese al fuego y negociaciones entre el Gobierno y el EMC, el diálogo fue suspendido ante la persistencia de los ataques contra el pueblo nasa. Además, un operativo realizado en enero de 2026 en Amazonas resultó en la muerte de tres integrantes del círculo de seguridad de Iván Mordisco, pero el líder guerrillero continúa sin ser capturado.
El contexto internacional coloca el genocidio contra el pueblo nasa en un marco de patrones ya examinados por tribunales y la CPI.
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