
La tensión en Briceño, norte de Antioquia, continúa mientras más de 70 familias desplazadas permanecen en el casco urbano y la Fuerza Pública adelanta operaciones para recuperar el control de veredas afectadas por enfrentamientos entre grupos armados. En medio de esas acciones, tropas que llegaron como refuerzo fueron atacadas por estructuras ilegales, según confirmaron las autoridades militares.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la situación se mantiene crítica más de 48 horas después de los combates entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo. La confrontación obligó a más de 200 personas a salir de la zona rural y buscar protección en el área urbana del municipio.
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Las familias afectadas reciben atención mientras esperan garantías de seguridad para regresar a sus viviendas. Sin embargo, las operaciones militares siguen en marcha en sectores rurales donde persisten disputas por el control territorial y por economías ilícitas.
El despliegue está a cargo de tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, que adelantan acciones en las veredas El Roblal y Travesías. Aunque el objetivo es estabilizar la zona, las autoridades reconocen que todavía se presentan alteraciones del orden público.

Militares fueron atacados durante operaciones
El general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, confirmó que los hombres enviados como refuerzo a Briceño fueron atacados por integrantes de grupos armados ilegales durante las operaciones. Pese a esos hechos, señaló que las tropas lograron responder y asegurar material explosivo.
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“Gracias al empleo de las tácticas, técnicas y procedimientos, nuestros soldados lograron contrarrestar la acción criminal, obteniendo como resultado la incautación de bastante material de explosivo y otros elementos de guerra que, al parecer, serían utilizados para atentar contra la población civil y las fuerzas militares”, indicó Caycedo.
La incautación de explosivos aumentó la preocupación por el nivel de riesgo en la zona rural. Según las autoridades, ese material habría podido ser usado contra habitantes o contra unidades militares que avanzan en el territorio.
Las recientes acciones también buscan verificar reportes sobre la muerte de posibles integrantes de estructuras armadas y establecer el nivel de afectación en viviendas y otras edificaciones. Parte de los daños estarían relacionados con el uso de drones cargados con explosivos durante los enfrentamientos.
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La situación mantiene en alerta a las autoridades locales y departamentales, pues Briceño se ha convertido en un punto de presión por la disputa entre grupos ilegales que buscan controlar corredores rurales estratégicos.

Desplazados esperan garantías para volver
Mientras las operaciones continúan, las más de 70 familias desplazadas siguen bajo atención en el casco urbano. Su regreso a las veredas dependerá de que las autoridades puedan garantizar condiciones mínimas de seguridad y descartar nuevos riesgos en las zonas donde se registraron los combates.
El desplazamiento masivo dejó en evidencia el impacto humanitario de la confrontación. Más de 200 personas tuvieron que abandonar sus casas ante el temor por los ataques y por la presencia de estructuras armadas en los alrededores de sus comunidades.
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Las autoridades departamentales han insistido en que se necesita cumplir de manera inmediata la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordenó una intervención urgente en el municipio. La medida busca responder al deterioro de seguridad y a la presión que enfrentan los habitantes de zonas rurales.
El Clan del Golfo estaría intentando incursionar en áreas que históricamente han sido controladas por disidencias de las Farc, lo que ha intensificado la confrontación en Briceño. Esa disputa mantiene atrapadas a comunidades campesinas que dependen de la presencia institucional para poder retornar sin exponerse a nuevos ataques.
Por ahora, la prioridad de la Fuerza Pública es recuperar el control de las veredas El Roblal y Travesías, proteger a la población civil y evitar que los grupos armados sigan usando explosivos o drones contra viviendas, comunidades y unidades militares.
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