Gobierno de De la Espriella recibe salud con deuda de $41,5 billones y EPS con 92,6 % en mora

El nuevo Gobierno recibirá un sistema de salud con una alerta financiera de gran tamaño: las EPS acumulan cuentas por pagar por $41,5 billones, según el informe de empalme elaborado para la transición entre administraciones. El documento advierte que la cartera entre aseguradoras y prestadores, el deterioro patrimonial y los riesgos fiscales de la red pública son algunos de los desafíos más urgentes.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, de ese total de cuentas por pagar, $38,4 billones corresponden a obligaciones vencidas, lo que significa que el 92,6 % de la cartera está en mora. El dato muestra la presión que enfrentan clínicas, hospitales e IPS por recursos que no han recibido oportunamente.

El diagnóstico también revela que el patrimonio neto consolidado de las 23 EPS que reportaron información es de -$18,2 billones. Además, 23,1 millones de afiliados pertenecen a EPS bajo medidas administrativas, una cifra equivalente al 46 % del sistema.

La situación financiera se agravó entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Según el informe, los pasivos crecieron 43 %, mientras que los activos aumentaron 21 %, una diferencia que refleja el deterioro de la capacidad de respuesta de varias entidades.

EPS operan con costos superiores a sus ingresos

Uno de los puntos más críticos del informe es la siniestralidad del sistema, que llegó a 105,6 %. Esto quiere decir que por cada $100 que ingresan, se destinan $105,6 al pago de costos y gastos asociados a la atención en salud.

Como consecuencia, el resultado operacional pasó de pérdidas por $600.000 millones a cerca de $2 billones. La cifra confirma que el sistema no solo enfrenta deudas acumuladas, sino también una operación que sigue generando pérdidas.

En el caso de las EPS intervenidas, el panorama es más grave. El informe señala que su patrimonio asciende a -$12,8 billones y que la siniestralidad llega a 117,8 %. Las EPS no intervenidas, por su parte, también registran patrimonio negativo, calculado en $5,33 billones.

El documento agrega que el 74 % del déficit patrimonial se concentra en cinco entidades. Ese dato será clave para el nuevo Gobierno, que deberá decidir cómo manejar las aseguradoras en situación más crítica y cómo evitar que los problemas financieros sigan afectando la atención de los pacientes.

Hospitales públicos también están en riesgo

La red pública hospitalaria tampoco queda por fuera del diagnóstico. El informe estima un riesgo fiscal de $3,55 billones, correspondiente al pasivo exigible y contingente de las Empresas Sociales del Estado.

Ante ese panorama, el documento recomienda revisar con prioridad la situación de las 260 ESE que tienen Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. También plantea crear mecanismos para evitar embargos judiciales y definir acuerdos de pago con las EPS, con el objetivo de recuperar liquidez en la red hospitalaria.

Otra de las propuestas centrales es convocar de inmediato a EPS e IPS a un proceso nacional de conciliación de cartera. La idea es depurar y certificar las deudas existentes, establecer acuerdos de pago y mejorar el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas.

El informe también plantea planes de contingencia para garantizar servicios críticos como urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa. Para ello, propone identificar instituciones en riesgo de suspensión y articular los Equipos Básicos de Salud con la capacidad instalada de las ESE.

En aseguramiento, el documento recomienda fortalecer la gestión de las EPS intervenidas y priorizar territorios con mayor brecha entre población y cobertura efectiva. Soacha aparece como el municipio con la mayor diferencia, con cerca de 294.000 personas, seguido de otros nueve municipios con rezagos.

Finalmente, el informe sugiere solicitar un régimen de transición de 12 a 18 meses para aplicar cambios relacionados con la contratación del talento humano en salud. La advertencia es que una implementación inmediata, sin recursos ni medidas graduales, podría afectar la continuidad de los servicios.