El sistema de salud colombiano enfrenta una desfinanciación estructural que amenaza su sostenibilidad en 2026, según advirtieron 19 exministros y exviceministros de Salud. En una carta pública, los exfuncionarios denunciaron que las medidas recientes, lejos de resolver los problemas de fondo, aumentan la incertidumbre, profundizan el sufrimiento de los usuarios y elevan el riesgo de un colapso financiero.
Desde su perspectiva, las decisiones gubernamentales para este año no solo no corrigen la situación, sino que podrían debilitar aún más la capacidad del sistema para garantizar el acceso efectivo a la salud.
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“Impacto grave en pacientes: las intervenciones y decisiones adoptadas han concentrado la deuda y el riesgo financiero, deteriorado el acceso a los servicios y aumentado la incertidumbre, el sufrimiento y las barreras para usuarios y pacientes”, puntualiza el comunicado.
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Los exministros y exviceministros calificaron de insuficiente el aumento del 16% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el régimen subsidiado y del 9% para el régimen contributivo, autorizados para este año. Argumentaron que estos incrementos están muy por debajo de las necesidades reales de financiación, estimadas entre 15% y 17% para 2026. Añadieron que estas cifras desconocen la obligación establecida por la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008, que exige cerrar la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado.
En el escrito, firmado por Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Alejandro Gaviria y Fernando Ruíz Gómez, los exministros resaltaron que organismos como la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República advirtieron de manera persistente sobre la crisis financiera del sistema.
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En efecto, recordaron que, según autos emitidos en 2024 y 2025, la cabeza de la jurisdicción constitucional reiteró que existe una desfinanciación estructural asociada al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), estableciendo que se ha usado información incompleta, el desconocimiento de la metodología actuarial vigente y el incumplimiento de órdenes judiciales orientadas a garantizar la suficiencia financiera del sistema.
“La Corte Constitucional, con Autos proferidos en 2024 y 2025, ha reiterado que el sistema de salud enfrenta un problema estructural de desfinanciación, asociado de manera directa al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), señalando el uso de información incompleta”, expusieron los firmantes.
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En la misma línea, cita el comunicado: “La Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre la fragilidad financiera del sistema y la ausencia de rigor técnico en las decisiones de política pública. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el deterioro del acceso a los servicios, el aumento sostenido de quejas y tutelas y la creciente angustia de pacientes y familias”.
El comunicado puntualiza: “A pesar de este contexto crítico, el Gobierno ha respondido con decisiones erráticas de alto impacto macroeconómico y sectorial”
Por otra parte, los exfuncionarios cuestionaron el impacto del incremento del salario mínimo para 2026. Citaron el informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que calcula que la medida aumentaría el déficit fiscal en $5,3 billones y acarrearía un costo adicional cercano a 4,5 billones para el sector salud, cifra que representa aproximadamente “el 40% de los recursos anunciados por el propio Gobierno para el incremento de la UPC”.
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En el cierre de la carta, los exministros y exviceministros calificaron la situación como una “crisis deliberada” y exhortaron a las autoridades a respetar la Constitución, cumplir las órdenes judiciales y trabajar en la construcción de consensos técnicos con base en la evidencia para proteger la sostenibilidad del sistema y garantizar de forma efectiva el derecho a la salud.
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