La Armada de Colombia destruyó 35 laboratorios ilegales para la producción de pasta base de coca en los departamentos de Cauca y Nariño, afectando las finanzas de organizaciones criminales con pérdidas superiores a los $766 millones.
Las operaciones, ejecutadas durante el último mes, se concentraron en zonas selváticas y riberas de municipios estratégicos del Pacífico sur. Unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 4 desplegaron acciones conjuntas en los municipios de El Charco, Francisco Pizarro, Guapi, López de Micay, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, Tumaco y Timbiquí.
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De acuerdo con la autoridad militar, la presencia permanente en los ríos y áreas de difícil acceso permitió ubicar y desmantelar estas infraestructuras ilícitas, que eran utilizadas por grupos armados para el procesamiento de estupefacientes.
Durante los operativos, las fuerzas navales decomisaron 1.847 kilogramos de insumos sólidos y 8.416 galones de insumos líquidos, fundamentales para las distintas fases del procesamiento de pasta base de coca. La magnitud de los hallazgos evidencia la capacidad logística y el impacto económico que estas estructuras representaban para las organizaciones delictivas.
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Impacto sobre organizaciones criminales
Con base en información de Inteligencia Naval, los laboratorios estaban bajo el control de estructuras criminales asociadas a los Grupos Armados Organizados residuales (GAOr): Alfonso Cano, Frente Iván Ríos y E-30 Jhonier Toro Arenas. Estas organizaciones financian sus operaciones principalmente a través del narcotráfico, lo que convierte la destrucción de estos laboratorios en un golpe directo a su sostenimiento.
El coronel de Infantería de Marina Jorge Enrique González Orejuela, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, explicó que las operaciones ejecutadas en abril permitieron localizar y eliminar 35 infraestructuras ilegales.
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En palabras del oficial, “la destrucción de estos laboratorios no solo afecta a las economías ilícitas con una pérdida superior a los 766 millones de pesos colombianos, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente”.
La Armada de Colombia remarcó que estas acciones debilitan la capacidad logística y económica de las organizaciones criminales, limitando su accionar contra la fuerza pública y las comunidades locales.
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Consecuencias ambientales
Las operaciones no solo tienen impacto en la estructura financiera del narcotráfico. La construcción y funcionamiento de laboratorios para alcaloides implica deforestación y alteración de extensas zonas selváticas, según subrayó la Armada. Además, el vertimiento de residuos químicos en suelos y fuentes hídricas genera niveles crecientes de contaminación y degradación ambiental en el Pacífico colombiano.
El comandante González Orejuela resaltó que la acción militar contribuye también a “evitar la deforestación y la contaminación de los suelos y afluentes hídricos en esta región del país”, añadiendo que el compromiso institucional incluye la defensa del territorio y la preservación de los recursos naturales.
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Operativos contra la minería ilegal
En paralelo a la ofensiva contra el narcotráfico, la Armada de Colombia llevó a cabo la destrucción e inhabilitación de maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros.
Estas acciones, desarrolladas en el municipio de Guapi con apoyo del Comando Aéreo de Combate No. 7, permitieron neutralizar una retroexcavadora y varios equipos de dragado, lo que representó un impacto económico adicional de más de $700 millones para las redes criminales.
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Las intervenciones se realizaron conforme al Decreto 1035 de 2024, que autoriza la destrucción e inhabilitación de maquinaria empleada en actividades ilícitas. Según la Armada, estas medidas buscan frenar el deterioro ambiental y restringir las fuentes de financiamiento de grupos armados, como el GAO-r Jhonier Toro Arenas.
La Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, reiteró su compromiso con la protección de la población y los ecosistemas del Pacífico. El comandante González Orejuela instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a las líneas 146 y 147, disponibles las 24 horas.
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