El impacto de la masacre ocurrida en la noche del 9 de enero en el municipio de Maicao, La Guajira, ha obligado a la Defensoría del Pueblo a exigir acciones urgentes a las autoridades nacionales.
La institución, a través de un comunicado publicado en la mañana del domingo 11 de enero, pidió a las autoridades que se brinde acompañamiento a las familias de las víctimas y se garantice una respuesta judicial rápida, tras el asesinato de cinco personas y las heridas sufridas por otras dos, presuntamente a manos del grupo armado autodenominado Conquistadores de la Sierra.
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La noche del viernes dejó un fatídico saldo en el sector Altos del Parrantial, donde hombres armados dispararon desde una camioneta contra un grupo de civiles. La Defensoría del Pueblo solicitó que se realicen las necropsias médico-legales y demandó que la Fiscalía General de la Nación investigue de manera eficaz para identificar y sancionar a los responsables.
“La Defensoría del Pueblo participó de un Consejo de Seguridad extraordinario y requirió a las autoridades para que se avanzara en la realización de las necropsias medico-legales”, señaló la entidad.
Las víctimas fueron identificadas como Eider Cantillo (33 años), Janer Bustamante (23), Alex Mendoza (25), Jean Carlos Meza Estrada (27) y Víctor Manuel Jurado Maza (32).
De acuerdo con el medio La Guajira Hoy, cuatro de ellos murieron en el sitio y el quinto falleció en un centro asistencial. Los heridos, Francisco José Vidal De la Hoz y Duan Manuel Guerra Ponc, permanecen bajo atención médica.
El miedo se apoderó de los habitantes del barrio tras el ataque, pues muchos buscaron refugio en sus viviendas y algunos testigos señalaron que los disparos provinieron tanto de armas cortas como largas. La fuga de los agresores, que abandonaron el lugar sin ser capturados, incrementó la sensación de inseguridad.
Según la Defensoría del Pueblo, en Maicao sigue vigente la Alerta Temprana 039 de 2019, que advierte sobre el alto riesgo de violaciones a los derechos fundamentales por la presencia de grupos armados ilegales.
Por ello, la institución llamó al Ministerio del Interior a coordinar medidas de protección colectivas e individuales, y al Ministerio de Defensa a desplegar la fuerza pública para resguardar a la población civil.
La Defensoría también pidió a los grupos armados ilegales que respeten el derecho a la vida y la integridad de la comunidad. Al mismo tiempo, manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que hará seguimiento permanente a la situación en cumplimiento de su mandato constitucional.
En el contexto de esta masacre, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario en Maicao, aunque hasta ahora no han aclarado los móviles del crimen ni han confirmado si las víctimas eran el objetivo directo.
La Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía recogieron pruebas en la escena, pero no han emitido un pronunciamiento oficial detallado.
Este hecho representa la primera masacre registrada en La Guajira en 2026 y ha encendido las alarmas entre la población, que teme represalias y restricciones impuestas por bandas criminales, como la prohibición de salir de noche.
La violencia en la región no se limita a este caso. Días antes, el 6 de enero, el ciudadano alemán Leif Lino Elxnat (26 años) fue asesinado cuando se desplazaba en motocicleta por la vía Cuatro Vías–Uribia.
Según informes de la Policía y del CTI, Elxnat habría intentado resistirse al ataque y recibió dos impactos de bala. Aunque inicialmente se sospechó de un intento de hurto, la falta de robo de pertenencias y el abandono de la motocicleta llevaron a considerar otras hipótesis, como una posible discusión previa.
El comandante de la Policía en La Guajira, coronel Salomón Bello, afirmó que se analizan diversas líneas de investigación y se ofreció una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información sobre los responsables.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades para fortalecer la protección de las comunidades en La Guajira, una región fronteriza donde la presencia de grupos armados ilegales sigue amenazando la vida y la tranquilidad de la población.
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