Más de 30 exmagistrados exigieron a Armando Benedetti retractarse por asociar a las altas cortes con narcos en medio de crisis con Estados Unidos

El 8 de enero de 2026, más de 30 exmagistrados, que pertenecieron al Consejo de Estado, enviaron una carta dirigida al ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que rechazaron los ataques que realizó contra las altas cortes en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

“Los suscritos Exmagistrados del Consejo de Estado, ante las declaraciones realizadas por el señor Ministro del Interior, Armando Benedetti, publicadas el 5 de enero en la red social X, manifestamos nuestro total rechazo por considerarlas antidemocráticas, falsas y contrarias a la Constitución”, puntualizó la misiva.

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Según consideraciones de los firmantes, tildar a estos organismos de cobardes y de estar aliados con la oposición para perjudicar al presidente Gustavo Petro y su administración no cuentan con valor fáctico, además de que ponen en riesgo el balance de poderes y la institucionalidad.

“Las afirmaciones efectuadas por el Ministro, acusando a los presidentes de “las Cortes” de actuar “con cobardía y oposición al gobierno...”, así como de calificarlos de “narcos” y de sostener que estarían de acuerdo en que ellos, como miembros del Estado, no tienen legitimidad, carecen de veracidad, ofenden la dignidad que representan en la institucionalidad, resultan calumniosas y desconocen uno de los pilares fundamentales de la democracia y del Estado Social de Derecho: la separación de los poderes públicos”, se lee en la carta.

Y agregaron: “La razón de ser de la división del poder del Estado en tres ramas es evitar su concentración en una sola persona o institución, así como institucionalizar el mutuo control político y jurídico entre ellas. Lo afirmado por el Ministro conlleva una censura y un atentado contra la legitimidad de las ramas legislativa y judicial, lo cual resulta abiertamente antidemocrático y contrario a la Constitución Política de 1991”.

Así las cosas, los exmagistrados solicitaron que Armando Benedetti se retracte de manera inmediata de sus acusaciones, y que asuma que las altas cortes actúan conforme a los principios democráticos establecidos en el Estado social de derecho en el que se fomenta la separación de poderes.

“Por lo anterior, le exigimos al señor Ministro que se retracte de sus opiniones calumniosas y que reconozca públicamente la plena vigencia de los principios democráticos, así como el respeto debido a la autonomía e independencia judicial”.

Petro y su tire y afloje con la justicia colombiana

A lo largo de los casi cuatro años al mando del país, el presidente Petro tuvo diferencias con las altas cortes. Sin embargo, el año con mayores choques fue 2025, en el que hubo desde fallos que restringieron las alocuciones presidenciales y órdenes de rectificación sin precedentes, hasta la suspensión de un decreto para convocar una consulta popular y el freno a la reforma pensional.

Los enfrentamientos alimentaron un clima de confrontación que alcanzó su punto más crítico cuando el primer mandatario cuestionó públicamente la legitimidad de los jueces en el caso Álvaro Uribe Vélez y revivió su propuesta de una asamblea nacional constituyente.

Lo que inicialmente parecían disputas aisladas terminó configurando una narrativa mayor: un año en el que las reglas del Estado Social de Derecho fueron puestas a prueba, y en el que el debate sobre quién interpreta —y hasta dónde— la Carta Magna se convirtió en el eje de la vida política nacional.

Otro episodio que originó un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno y la justicia fue la resolución del Consejo de Estado a una demanda impulsada por organizaciones civiles y académicas que denunciaban el uso excesivo de las alocuciones presidenciales por parte de Gustavo Petro. El argumento central fue claro: cuando el presidente habla por cadena nacional, interrumpe toda la programación del país. Un privilegio que, si se usa reiteradamente, puede afectar el equilibrio informativo y el pluralismo.

La reacción del Gobierno Petro fue explosiva. El jefe de Estado incendió el debate, señalando: “Es una censura contra un presidente… eso se llama golpe de Estado“. Para juristas, la comparación resultó abiertamente peligrosa: un fallo judicial no puede equipararse a un quiebre institucional.