Duras críticas a Petro por resoluciones en las que establecieron zonas especiales el Clan del Golfo y disidencias: “Es impunidad con firma presidencial”

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el concejal de Bogotá Andrés Barrios, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, criticó las determinaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, por la firma de resoluciones que, a su juicio, otorgan un trato especial a miembros de grupos armados. Y que no tuvieron, además, suficiente divulgación, y que tendrían como principal propósito generar más impunidad en el territorio nacional.

“Mientras usted celebraba Navidad, Petro negociaba su seguridad... Esto no es ‘paz total’: es impunidad con firma presidencial”, expresó Barrios en redes sociales al referirse a decisiones adoptadas entre el 22 y el 23 de diciembre, y que están enfocadas en adelantar los procesos de negociación con estructuras armadas como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, y las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

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Las resoluciones firmadas por Gustavo Petro que causaron controversia

El detonante de la controversia son dos resoluciones firmadas por el jefe de Estado en la víspera de la celebración de la Navidad. Una de ellas es la Resolución 471 de 2025, que formaliza la creación de Zonas de Ubicación Temporal para integrantes del EGC. Estas zonas están localizadas en los municipios rurales de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba), y harían parte de los encuentros que adelanta esta estructura con el Gobierno.

En estos espacios, los combatientes tendrán órdenes de captura suspendidas mientras participan en un proceso de conversación sociojurídica diseñado para facilitar su tránsito a la legalidad. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA) coordina el seguimiento y la verificación, con soporte técnico de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Estas disposiciones se mantendrán activas hasta finales de 2026.

En el grupo beneficiado con los alcances de este documento, figuran líderes notables de la organización al margen de la ley como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como Zopas; Orozman Orlando Ostiza Blanco, más conocido como Rodrigo Flechas; José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya, y Luis Armando Pérez Castañeda, denominado como Bruno.

Anteriormente, otras disposiciones dispuestas, como la Resolución 327 de septiembre de 2025 concedieron el estatus de gestores de paz a exjefes paramilitares tales como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Carlos Mario Jiménez, “Macaco”; Hernán Giraldo Serna, “El Señor de la Sierra”; Frey Rendón Herrera, alias El Alemán, y Ramiro Vanoy Murillo, conocido como Cuco Vanoy.

Por otro lado, la Resolución 473 del 23 de diciembre de 2025 extendió el mecanismo a integrantes clave de las disidencias de las Farc, especialmente de estructuras del Estado Mayor Central. Entre los gestores designados se cuentan, además de Alexander Díaz Mendoza, nombre de alias Calarcá, otros miembros que son considerados vitales para las negociaciones que pretende sacar adelante el Ejecutivo en los últimos ocho meses de administración.

Son ellos Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu; Ciro Alfonso Manzano, “El Gringo”, y Euser Motta Meneses. Estos líderes han actuado como puentes para el diálogo en medio de situaciones de tensión regional, como los recientes operativos y caravanas en Antioquia. Las medidas permiten a estos representantes movilizarse y asumir roles de enlace en mesas de negociación y mecanismos de monitoreo, especialmente en zonas conflictivas como Cauca y Antioquia.

El Gobierno ha justificado estas decisiones como pasos esenciales para consolidar acuerdos y facilitar el cese al fuego, al señalar que la verificación internacional y el respaldo civil garantizan control durante el proceso. Con esta controversia, el Gobierno ha insistido en que son herramientas para promover la reincorporación y crear condiciones verificables de transición a la legalidad, mientras que Barrios insistió en que se hace apología a la impunidad.