La candidata presidencial Paloma Valencia sostuvo en una entrevista que Colombia no ha seguido el rumbo de Venezuela debido a las acciones del Congreso, que ha limitado las decisiones del presidente Gustavo Petro.
Durante el diálogo emitió duras críticas contra el Gobierno Petro, cuestionó los diálogos y pactos con los grupos armados, la política de drogas del mandatario y una aparente “complacencia” con el régimen de Nicolás Maduro a lo largo del Gobierno del Cambio.
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Sin embargo, según detalló en la conversación que sostuvo en La FM, la legisladora señaló que las instituciones han resistido intentos del Ejecutivo por modificar el funcionamiento democrático del país.
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Valencia afirmó que Gustavo Petro ha buscado afectar la “institucionalidad colombiana”, pero las iniciativas del Gobierno han encontrado un contrapeso en el Congreso de la República y en las altas cortes.
“Hemos logrado pararlo con ayuda de un Congreso que entendió los desafíos”, expresó la senadora, y agregó que las decisiones judiciales han sido determinantes para frenar decretos y reformas impulsadas por el Ejecutivo.
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La candidata presidencial por el Centro Democrático comentó que su partido ha promovido acciones legales para impedir políticas que podrían derivar en un control más robusto en el Ejecutivo.
“Los colombianos saben muy bien quiénes hemos hecho oposición a Petro. Hoy muchos le tiran, pero el país sabe quiénes hemos estado desde el principio haciendo una oposición firme”, dijo Valencia.
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Otras actuaciones de la oposición
De la misma manera, Valencia se refirió a otras medidas tomadas por el Gobierno que han sido contrarrestadas por la oposición, como la creación del Ministerio de la Igualdad, al que atribuyó un gasto superior a un billón de pesos.
La senadora señaló que estas medidas buscan “preservar los controles del Estado” y mencionó cuestionamientos a nombramientos diplomáticos y decisiones en entidades educativas.
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Según Valencia, “le hemos tenido que parar los nombramientos de embajadores sin requisitos” y se han presentado demandas contra el uso político de instituciones públicas.
La parlamentaria insistió en que la oposición ha sido clave para mantener los equilibrios democráticos en el país.
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En el ámbito económico, la legisladora criticó decretos del Gobierno que, en su opinión, no cumplen las condiciones constitucionales para declarar una emergencia económica.
“Aquí no hay una emergencia económica”, afirmó durante la entrevista, y recordó que desde el Congreso se han promovido recursos ante la Corte Constitucional para revisar estas decisiones.
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Adicionalmente, Valencia advirtió sobre los riesgos de un segundo gobierno con orientaciones similares. “Un segundo gobierno de ínfulas autoritarias termina por derruir la democracia”, indicó la senadora, que subrayó que estos procesos no ocurren de forma abrupta, sino mediante cambios graduales en las instituciones estatales.
Entre los riesgos, mencionó la acumulación de poder en organismos como el Banco de la República, la Corte Constitucional y la Fiscalía.
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“La institucionalidad colombiana ha hecho la tarea”, aseguró Valencia en su conversación con La FM, donde invitó a los ciudadanos a evaluar el papel de quienes han ejercido control político y judicial ante las políticas del Gobierno.
Según la senadora, estas acciones han impedido que se consoliden decisiones que, a su juicio, habrían alterado el rumbo institucional del país.
Paloma Valencia denunció irregularidades en el Ministerio de la Igualdad
Valencia denunció presuntas irregularidades en la contratación del Ministerio de Igualdad, al señalar que un fondo adscrito a la entidad firmó cuatro contratos directos con una firma de servicios temporales por un total de $70.582 millones.
Según su denuncia, estos acuerdos permitieron vincular a más de 3.300 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, con la mayoría de los contratos firmados durante el proceso electoral.
Valencia afirmó que el fondo realizó contrataciones bajo derecho privado y que, en dos de los contratos, no se especificó el número de personas a contratar, lo que, a su juicio, abre la puerta a un aumento indeterminado de personal.
También aseguró que el fondo tercerizó servicios logísticos por $68.949 millones.
La congresista cuestionó la falta de información en el Secop sobre facturas, anexos técnicos e informes de supervisión y advirtió que estos documentos solo fueron publicados después de sus denuncias.
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