
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la aprobación de la licencia ambiental para el proyecto Accesos Norte, Fase II, que contempla la ampliación de la Autopista Norte en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245, una de las principales vías de ingreso y salida de la capital.
A través de sus redes sociales, el mandatario distrital se refirió a la decisión adoptada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el 7 de enero de 2026, la cual habilita a la concesionaria Ruta Bogotá Norte SAS para avanzar en la ejecución de la obra vial.
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Según Galán, el aval ambiental representa un paso relevante dentro del proceso institucional que se viene adelantando desde el nivel nacional.

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“Buenas noticias para la movilidad y el desarrollo regional. Agradecemos a la ANLA por el otorgamiento de la licencia ambiental del proyecto Accesos Norte 2, un paso fundamental para mejorar la conectividad de Bogotá con la región”, manifestó el alcalde en un mensaje divulgado en la red social X, citado por El Espectador.
El mandatario explicó que, desde la administración distrital, se ha participado de manera permanente en las mesas técnicas convocadas por el Gobierno Nacional. En ese sentido, subrayó que el Distrito ha sostenido un enfoque basado en estudios especializados y en el análisis de los impactos asociados al proyecto.
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Galán agregó que una vez se reciba la notificación oficial de la ANLA, el equipo técnico de la Alcaldía revisará de forma detallada las condiciones incluidas en la licencia ambiental. “Una vez recibamos la comunicación oficial de esta decisión, revisaremos de manera detallada las condiciones establecidas”, señaló el alcalde, quien precisó que esta evaluación busca facilitar la ejecución efectiva del proyecto y el inicio oportuno de las obras.

La licencia ambiental fue otorgada tras un proceso que, según la ANLA, incluyó una evaluación ambiental rigurosa, en la que se garantizaron los procedimientos legales, el cumplimiento de los tiempos establecidos y el análisis de los impactos sobre los ecosistemas del área de influencia. El proyecto contempla medidas específicas para la protección de los humedales Torca y Guaymaral.
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De acuerdo con la autoridad ambiental, estos humedales están reconocidos como ecosistemas estratégicos de importancia internacional, al estar cobijados por la Convención Ramsar, lo que implica compromisos del Estado en materia de conservación y manejo sostenible. Las obligaciones ambientales establecidas en la licencia buscan asegurar la conectividad hídrica y ecosistémica del corredor vial.
El proceso para obtener la licencia ambiental tuvo antecedentes complejos. En 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura estructuró el proyecto bajo el modelo de asociación público-privada y adjudicó el contrato a la concesionaria Accesos Norte Fase II. Sin embargo, en enero de 2024, la ANLA archivó la primera solicitud al identificar deficiencias técnicas relacionadas con la conectividad de los humedales, decisión que fue ratificada en mayo de ese mismo año.
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Posteriormente, el concesionario presentó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental en 2025, incorporando observaciones realizadas por la autoridad ambiental y coordinando ajustes con entidades distritales. Este documento fue objeto de análisis previo a la decisión final adoptada en enero de 2026.
Antes del pronunciamiento definitivo, se llevó a cabo una Audiencia Pública Ambiental solicitada por la congresista Etna Támara Argote en noviembre del año anterior. Durante cerca de 10 horas, organizaciones ambientales, ciudadanos y usuarios del corredor expusieron inquietudes y observaciones que fueron evaluadas por los técnicos de la ANLA.
En relación con los tiempos de ejecución, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, indicó que tras la decisión de la ANLA existe un plazo de 10 días para la interposición de recursos. En caso de presentarse, la autoridad ambiental contará con 60 días hábiles para responder. Superado este trámite, la licencia entraría en vigor en un periodo aproximado de tres meses.
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El proyecto Accesos Norte Fase II busca intervenir un corredor por el que circulan alrededor de 400.000 viajes diarios y hasta 1,3 millones durante puentes festivos. La iniciativa contempla la ampliación de la vía de seis a 12 carriles, la incorporación de un carril exclusivo para transporte masivo, obras hidráulicas, andenes, ciclorrutas y puentes peatonales.
La inversión estimada del proyecto asciende a cerca de 1,8 billones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de al menos 36 meses, según lo informado por autoridades departamentales en declaraciones recogidas por El Espectador.
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