Estas son las decisiones judiciales de mayor impacto que deberán resolver las altas cortes en 2026: reformas, decretos y procesos penales de alto perfil

Con el inicio de 2026, las altas cortes de Colombia se preparan para resolver varios de los asuntos judiciales más relevantes que quedaron pendientes tras el cierre de 2025. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado tienen en sus despachos procesos que impactan directamente políticas públicas, decisiones económicas y la situación jurídica de congresistas, exministros y expresidentes. Estas decisiones comenzarán a tramitarse una vez finalice la vacancia judicial, prevista hasta el 13 de enero.

La agenda judicial incluye controles automáticos a decretos de estado de excepción, demandas de inconstitucionalidad contra reformas aprobadas por el Congreso, investigaciones penales por presuntos hechos de corrupción en entidades estatales y acciones contenciosas relacionadas con salarios, investiduras y actos administrativos del Ejecutivo.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Corte Constitucional: reformas, emergencia económica y sistema de salud

Uno de los primeros asuntos que abordará la Corte Constitucional en 2026 será la definición sobre la constitucionalidad del proyecto de reforma pensional. Esta iniciativa, que según el Gobierno nacional debía entrar en vigencia desde el 1 de julio de 2025, fue devuelta previamente al Congreso por el alto tribunal para corregir presuntos vicios de trámite, al no haberse surtido adecuadamente el último debate en la Cámara de Representantes.

La ponencia que deberá ser sometida a votación en la Sala Plena es de inconstitucionalidad y fue elaborada por el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. El proyecto regresó a la Cámara para subsanar los errores señalados, pero la Corte deberá determinar si dichas correcciones cumplen con los requisitos constitucionales.

Otro de los puntos centrales será el control automático del decreto que declaró la emergencia económica, formalizado mediante el acto administrativo 1390 de 2025. Según explicó el presidente de la Corte, el estudio de los decretos con fuerza de ley derivados de esta declaratoria será prioridad en enero, una vez se retomen las sesiones ordinarias. Aunque inicialmente se consideró una sesión extraordinaria, la Corte indicó que, al no tratarse de medidas irreversibles, el análisis se realizará dentro del calendario regular.

En materia de salud, la Corte Constitucional también incluyó en su agenda el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008. Recientemente, el alto tribunal declaró un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, al considerar que “el Gobierno nacional no ha respondido de manera adecuada ni eficaz a los problemas estructurales identificados” en dicha sentencia. La decisión se refiere, entre otros aspectos, a la suficiencia financiera del sistema, la disponibilidad de medicamentos, la oportunidad en la atención y la articulación institucional, así como a la situación derivada de la intervención a varias EPS y el valor de la UPC desde 2023.

Corte Suprema de Justicia: corrupción, casaciones y juicios a congresistas

En la Corte Suprema de Justicia, uno de los expedientes de mayor relevancia es el relacionado con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Por estos hechos, los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, se encuentran detenidos y son procesados por los presuntos delitos de cohecho y peculado. Según la investigación, habrían recibido cerca de $4.000 millones para favorecer iniciativas del Gobierno en el Congreso.

En el mismo proceso han sido mencionados otros congresistas, entre ellos los senadores Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Martha Peralta y Berenice Bedoya, así como los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, además del exrepresentante Juan Diego Muñoz. De acuerdo con la información conocida, estos parlamentarios habrían condicionado su apoyo legislativo a cambio de beneficios relacionados con contratos y créditos públicos. Hasta el momento, la Corte no ha definido su situación jurídica.

La Corte Suprema también tiene a su cargo procesos contra los exministros Ricardo Bonilla y Fernando Velasco, así como el juicio contra el prófugo Carlos Ramón González, todos vinculados a investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

Otro caso relevante es el que involucra al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, procesado por los supuestos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias, en el marco del caso del extinto Fonade. Según la investigación, cuando era congresista habría favorecido a Certicámara S. A. mediante un contrato por $1.065 millones suscrito el 1 de agosto de 2017. Desde la firma de abogados Benavides Marín Valencia, que lo representa, se indicó que “la instrucción fue adelantada por la magistrada Cristina Lombana”, y el proceso continúa su curso normal.

En materia penal, la Sala Penal deberá resolver los recursos de casación en los procesos de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. En el caso del expresidente, tras una absolución en segunda instancia por los delitos de fraude procesal y soborno, la Fiscalía y las víctimas anunciaron la interposición de este recurso extraordinario. Respecto a Santiago Uribe, condenado en segunda instancia a 28 años de prisión por su presunto liderazgo en el grupo ‘Los 12 Apóstoles’, la Corte también tendrá la última palabra.

Consejo de Estado: salarios, investiduras y actos administrativos del Ejecutivo

En el Consejo de Estado reposan varias demandas contra el decreto que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 en un 23,7%. Los demandantes consideran que el aumento es desproporcionado y recuerdan el antecedente de 2016, cuando esta corporación anuló el decreto que fijaba el salario mínimo por falta de motivación suficiente.

Asimismo, el alto tribunal deberá pronunciarse sobre las demandas relacionadas con la eliminación de la prima en dinero para los congresistas y avanzar en procesos de pérdida de investidura, entre ellos los que involucran a la senadora Isabel Zuleta y al representante David Racero.

Otro asunto pendiente es la demanda presentada contra el decreto presidencial que ordenó no exportar carbón a Israel; expediente en el que se solicita la nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 949 de 2025. En el texto de la demanda se señala: “Acudo a esta Corporación judicial en ejercicio del medio de control (…) en respetuosa solicitud de que se declare la nulidad por inconstitucionalidad” del mencionado acto administrativo.