Tres personas fueron asesinadas en una vía rural de Cúcuta, Norte de Santander, en lo que de acuerdo con el reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se constituyó en la segunda masacre del año en Colombia, apenas seis días después del inicio de 2026 en el territorio nacional. Una situación que despertó las alertas sobre la manera en que el Gobierno nacional no estaría garantizando la seguridad en los territorios, a 213 del final del mandato.
El ataque ocurrió el 6 de enero en la trocha que comunica el sector de Cormoranes con el Anillo Vial Occidental, donde hombres armados en motocicleta dispararon contra tres hombres que se encontraban en el lugar. Según se pudo establecer, las víctimas murieron en el sitio y hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los fallecidos, en una zona que se encuentra bajo la fuerte influencia de varios grupos armados ilegales.
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Según reportó el diario La Opinión, familiares de los jóvenes se presentaron en el lugar, en tanto que efectivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta delimitaron la zona y permanecen en espera de la llegada de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho). Todo esto ante la mirada de los transeúntes, que se acercaron al lugar para presenciar lo sucedido en este importante trayecto vial de la urbe fronteriza.
Con este suceso, ya han sido documentadas al menos 295 hechos de esta naturaleza desde el inicio del periodo del presidente Gustavo Petro. Es por ello que desde Indepaz y otras organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, se ha reclamado una respuesta institucional más efectiva ante los desafíos de seguridad, mientras el ambiente en las comunidades afectadas sigue marcado por el temor, pues el ruido de las balas sigue escuchándose.
Advertencias de la Defensoría del Pueblo que no habrían sido atendidas
La Defensoría del Pueblo incluyó a la capital de Norte de Santander en la alerta temprana 013/25, emitida para advertir riesgos crecientes por la imposición de normas y la gobernanza ilegal de grupos armados. Y reiteró que esta situación genera un riesgo constante de violaciones a los derechos fundamentales de la población, especialmente en zonas rurales y periféricas de la ciudad, como se pudo evidenciar en este triple crimen que causó escozor.
A esta alerta se suma la AT 027/24, que pone en conocimiento sobre el accionar de actores armados ilegales en el municipio, que intentan consolidar el control social mediante amenazas, homicidios selectivos, acciones de “limpieza social”, reclutamiento de menores, extorsión y restricciones a la movilidad.
Entre los grupos armados que operan en la zona se encuentran el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o también conocido como el Clan del Golfo; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el frente 33 Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, Los Rastrojos, Los Pelusos y bandas locales. Esta es una jurisdicción militar que corresponde a la Segunda División del Ejército Nacional, que no ha podido neutralizar el accionar de los violentos.
Este hecho se suma al ocurrido el 3 de enero en Santander de Quilichao, Cauca. En un primer incidente fue asesinada Irma Yulie Erazo Reina, administradora de un establecimiento comercial; y posteriormente, durante el velorio de la primera víctima, hombres armados atacaron a los asistentes, asesinando a Angélica María Cantoñí Estacio y a Reina Nancy Stella, en crímenes que por la conexión de los mismos fueron catalogados como la primera masacre del 2026.
Tras estos sucesos, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), expresó su rechazo a través de redes sociales. “Segunda masacre de 2026 durante el Gobierno potencia de la vida. Mientras tanto, Petro, sus funcionarios y contratistas alistan una marcha en apoyo al dictador Nicolás Maduro. ¡Increíble!”, indicó el dirigente gremial, que ya había reaccionado al primer suceso, al advertir las falencias sobre la estrategia del Gobierno.
Y es que diversos sectores han pedido al Ejecutivo reforzar su política de protección a la vida y garantizar una presencia estatal más efectiva en los territorios más golpeados por la criminalidad. Mientras tanto, el jefe de Estado guarda silencio y, como ha sucedido en otras ocasiones, enfoca sus pronunciamientos en lo que acontece en la escena internacional: ahora con la situación política en Venezuela, cuando antes lo hacía sobre el conflicto en Palestina.
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