Cinco policías habrían sido secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Cinco policías fueron secuestrados cuando se dirigían al municipio de Tibú, en Norte de Santander, tras concluir su permiso de fin de año. Detalles que se encuentran en verificación apuntan a que los uniformados se movilizaban en un bus y se encontraban sin uniforme y sin armamento.

Los uniformados, que se desplazaban por una carretera de la región del Catatumbo, habrían sido interceptados en un retén presuntamente instalado por un grupo guerrillero, informó W Radio.

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Las autoridades adelantan operativos en la zona para dar con el paradero de los policías y esclarecer las circunstancias del hecho.

La Policía ratificó que los armados “los obligaron a descender del automotor y posteriormente los llevaron con rumbo desconocido, vulnerando de manera flagrante los derechos humanos y la dignidad de estos seres humanos”.

De acuerdo con los detalles conocidos, en los últimos días, la región del Catatumbo ha registrado una fuerte presencia de organizaciones armadas que disputan el control territorial.

Las primeras informaciones apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible responsable del hecho, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio radial.

También se indicó que una de las razones par la cual las autoridades manejan la hipótesis de que el ELN estaría detrás del secuestro, es porque que esta estructura ha admitido en ocasiones anteriores recurrir a esta práctica.

Este hecho ocurrió cerca del aniversario de la crisis humanitaria que vive el Catatumbo, donde convergen el frente 33 de las disidencias y el propio ELN, actores armados que mantienen enfrentamientos y ejercen control sobre distintas zonas.

La Policía Nacional ya emitió un comunicado en el que confirmó los hechos y aseguró que “desde el momento en que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y autoridades judiciales, activó un dispositivo especial de búsqueda y verificación, con el fin de lograr la pronta ubicación y liberación de los uniformados, garantizando su integridad física”.

La institución envió una alerta a la ciudadanía que indica que las personas que puedan suministrar información que contribuya a su pronta liberación, pueden hacerlo a través de la línea 123 y línea contra el crimen 314 358 7212.

Defensoría del Pueblo alerta incremento de desplazamientos en el Catatumbo

De manera paralela, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta el 5 de enero de 2025 tras el desplazamiento de al menos 130 familias en la región del Catatumbo, debido a los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

De acuerdo con información difundida la defensora Iris Marín, las familias, compuestas por cerca de 300 personas, llegaron a Cúcuta durante la noche del 4 de enero, luego de huir de sectores rurales de Mineiro y Pacelli, en el municipio de Tibú, así como del área de Filogringo, en El Tarra.

El organismo defensor informó que mantiene acompañamiento permanente y seguimiento para garantizar la ruta de atención a las víctimas, en articulación con la Personería Municipal y la regional de Norte de Santander.

“A esta hora, 130 familias conformadas por cerca de 300 personas, son atendidas en Cúcuta por parte de nuestra regional de Norte de Santander y de la Personería de Cúcuta. Estos grupos familiares que han llegado a la ciudad en los últimos días, provienen de zonas rurales de Mineiro y Pacelli, en Tibú, así como de Filogringo, en El Tarra, donde persisten los enfrentamientos entre el ELN y el disidente frente 33. Desde la Defensoría del Pueblo los estamos acompañando y haciendo seguimiento para que se cumpla la ruta de atención a las víctimas”, escribió Marín.

Mientras tanto, las autoridades evalúan las necesidades humanitarias de los desplazados, mientras la situación de orden público en el Catatumbo sigue siendo crítica por la persistencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, según el mismo diario.

La escalada de violencia en la zona llevó a la fuerza pública a intensificar operaciones desde el 31 de diciembre de 2025, con el despliegue de más de 30.000 militares en la frontera con Venezuela y la activación de cinco Puestos de Mando Unificado (PMU), de acuerdo con la Defensoría.

Durante estos operativos, las autoridades incautaron más de 1.390 cartuchos, una pistola, 21 granadas y otros materiales de guerra.

La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado urgente a los actores armados para que cesen las hostilidades y respeten a la población civil, que permanece bajo riesgo en medio de los combates. La entidad continuará con el monitoreo y la atención a las personas desplazadas, mientras se mantiene el despliegue de las fuerzas estatales en la región.

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