La captura de Nicolás Maduro en Venezuela, tras una operación militar estadounidense en Caracas en la madrugada del 3 de enero de 2026, desestabilizó la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que provocó movimientos preocupantes entre los grupos armados ilegales que operan en la región.
El éxodo de cabecillas de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde Venezuela hacia Colombia se convirtió en uno de los principales focos de alerta para el Gobierno colombiano, que enfrenta un complicado escenario de reconfiguración del crimen organizado.
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Entre las reacciones más destacadas se encuentra la de la senadora Angélica Lozano, perteneciente al Partido Verde, que expresó su rotundo rechazo a la posibilidad de que los líderes criminales regresen a Colombia bajo la figura de “gestores de paz”, tal como lo sugiere la estrategia de ‘Paz Total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Lozano lanzó una pregunta directa a la opinión pública: “¿Más gestores de paz?”, al cuestionar así la validez de otorgarles nuevos privilegios a aquellos que fueron responsables de violaciones de derechos humanos y delitos atroces.
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La senadora, conocida por su postura crítica frente a algunos de los lineamientos del actual Gobierno –pese a que apoyó al Petro para subir al mandato–, fue aún más explícita en su rechazo.
“He estado en contra de una constituyente cuando la ha pedido Iván Márquez, Uribe, las FARC y ahora el presidente Petro. Ojalá Iván Márquez quien incumplió el Acuerdo de Paz que firmó, no venga a insistir en constituyente (sic)”, escribió Lozano, en un claro mensaje dirigido al líder de la Segunda Marquetalia, que en el pasado mostró la necesidad de una nueva constituyente en el país.
Según los informes de inteligencia militar, los cabecillas de diversas estructuras armadas ilegales, que hasta hace poco gozaban de libertad en territorio venezolano, comenzaron a replantear su permanencia en el país vecino. El despliegue de tropas estadounidenses y la caída del régimen de Maduro dejaron a estos grupos criminales sin el apoyo que durante años les brindó el régimen venezolano, de allí surge la crítica de la senadora del Partido Verde.
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El regreso de figuras como alias Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, y alias Pablito, jefe del Frente de Guerra Oriental del ELN, genera incertidumbre. Estos jefes, que en su momento se beneficiaron de la protección que Venezuela les ofreció, ahora se ven obligados a movilizarse hacia las zonas fronterizas de Colombia.
Según las autoridades, muchos de ellos intentan reorganizar sus estructuras y recuperar el control sobre los territorios que habían perdido, mientras evitan quedar expuestos a las operaciones militares y de inteligencia que se están llevando a cabo por parte de Estados Unidos.
En otro mensaje, la senadora hizo una ironía sobre la posible reacción del presidente Petro, al sugerir cómo estos cabecillas podrían ser recibidos por el Gobierno nacional, luego de que se conociera que desde el ELN se habrían pronunciado en apoyo a los funcionarios venezolanos que respaldaban el régimen de Nicolás Maduro.
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Por lo que escribió en su cuenta de X: “Pronto decreto declarando nuevos gestores de paz”.
De manera similar, la congresista expresó su rechazo a la propuesta del presidente, que circula desde hace algún tiempo, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa busca, según el mandatario, establecer un “Estado social de derecho”, superar los bloqueos institucionales y garantizar los derechos sociales, económicos y ambientales.
El objetivo sería redefinir el papel del Estado en la economía y en la prestación de servicios, al emplear mecanismos participativos y consultas populares para implementar reformas que el Congreso no pudo aprobar y para combatir el centralismo.
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Sin embargo, la oposición teme que esta convocatoria pueda ser una estrategia para dar una salida o apoyo a los cabecillas de las disidencias. Con la situación actual en Venezuela, muchos especulan que esta propuesta podría tener como fin una modificación de la Constitución de 1991 para abrir la puerta a beneficios para los líderes criminales que están retornando a Colombia.
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