
La reciente operación contra el narcotráfico en la región de Cartagena, en la que se incautaron de cuatro toneladas de cocaína, ha sido presentada como todo un éxito por el presidente de la República, Gustavo Petro, que destacó la magnitud del golpe a las estructuras narcotraficantes sin acudir a bombardeos; esto en una clara crítica a la estrategia implementada por el Gobierno de los Estados Unidos, que avanza en su ofensiva en el Mar Caribe.
El jefe de Estado, en sus redes sociales, se pronunció el 1 de enero de 2026, y sacó pecho por la manera en que se neutralizó este cargamento por miembros de la Armada Nacional, como él dijo, “sin un solo muerto” que llorar. “Aquí iban 10 millones de dosis de cocaína a los países consumidores. Cuatro toneladas de cocaína que la fuerza naval y aérea incautaron sin un solo muerto, cerca a Cartagena”, expresó el jefe de Estado en su perfil de X.
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Según la información oficial, unidades de la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana lograron la interceptación de una motonave a alta velocidad en aguas al noroeste de la Heroica como resultado de “gracias a las continuas labores de control y vigilancia”, en referencia al monitoreo constante que permitió la detección del alcaloide: del que no se conoce aún qué organización criminal estaría detrás de este cargamento en las costas de Cartagena.
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La embarcación, catalogada como tipo go-fast, trasladaba 161 bultos que contenían un total de 4.015 kg de cocaína, de acuerdo con el reporte entregado por el Ministerio de Defensa. En el procedimiento, según los datos ofrecidos por las autoridades, “a bordo, viajaban cinco sujetos, cuatro colombianos y un hondureño, capturados en flagrancia”, lo que permitió ejecutar el arresto de toda la tripulación durante la incautación.
En este operativo, cabe destacar la dimensión financiera del decomiso resulta particularmente relevante, pues el cargamento confiscado tendría, en estimaciones oficiales, “un costo aproximado de 192 millones de dólares en el mercado ilegal, del cual podrían extraerse, alrededor de 10 millones de dosis”. Una cifra considerable que refleja el impacto que tiene esta economía ilegal en el territorio nacional, y también por fuera de sus fronteras.
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En su pronunciamiento, el ministerio atribuyó el éxito de la operación al método de trabajo conjunto de las fuerzas especiales destinadas para este tipo de ofensivas contra los narcos y resaltó la importancia del accionar sin víctimas mortales, celebrando la continuidad de los esfuerzos estatales. “¡Avanza la lucha contra el narcotráfico y el debilitamiento de estas finanzas ilegales!”, en medio de las fuertes críticas provenientes de Washington.
Las críticas de Petro a los bombardeos de Trump en el Caribe
Desde finales de 2025, el gobierno de Donald Trump intensificó las operaciones militares contra los carteles en el Caribe y el Pacífico, al utilizar recursos como el portaaviones USS Gerald R. Ford. Frente a esto, Petro denunció que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo al menos 21 bombardeos contra embarcaciones, provocando más de 100 muertes y calificó estas acciones como una serie de “ejecuciones extrajudiciales”.
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El 30 de diciembre de 2025, el mandatario acusó a Trump de ordenar el bombardeo de una instalación en Maracaibo, Venezuela, presuntamente vinculada al ELN, y cuestionó no solo al grupo guerrillero por facilitar la intervención extranjera en la región, sino a la inteligencia estadounidense, que lo vinculó con el régimen de Nicolás Maduro, de la que sigue sin pronunciarse de manera enérgica sobre la violación de derechos humanos.

Trump, en reiteradas ocasiones, expresó que los laboratorios de cocaína en Colombia serían considerados objetivos militares si el Gobierno colombiano no procedía a su cierre. Estas declaraciones incluyeron amenazas de ataques terrestres o aéreos, así como insultos directos a Petro, al que calificó de “líder del narcotráfico” y “matón”, y reducción de fondos de cooperación y la posible imposición de aranceles como método presión.
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Ante estas fuertes afirmaciones provenientes de Washington, Petro interpretó estas amenazas como una violación al derecho internacional y un acto de agresión hacia América Latina. Desde entonces, las tensiones diplomáticas entre ambos países se acrecentaron, mientras desde diferentes organizaciones internacionales se ha hecho énfasis sobre la legalidad y legitimidad de la intervención militar estadounidense en la región.
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